Santiago (Ecoceanos News). Organizaciones de pescadores y Ongs ciudadanas demandaron a las autoridades de la provincia de Llanquihue a que apliquen la ley y ordenen el retiro inmediato de las instalaciones salmoneras que la compañía Aguas Claras mantiene en forma ilegal en la zona de Punta Serapio, en el estuario de Reloncaví.
La empresa perteneciente al Holding AquaChile ocupa aún un espacio marítimo por más allá de lo que legalmente tenía concesionado. A esto se suma que la Subsecretaría de Marina le caducó la concesión marítima, debido a sistemáticas irregularidades que ha cometido esta empresa en el lugar.

Pescadores de la zona además exigen que se aclaren las razones por las cuales la producción salmonera de este centro de cultivo aún está siendo certificada por las oficinas públicas, esto a pesar que las producciones han sido obtenidas en un contexto de ilegalidad.

Las organizaciones ciudadanas afirman que el Gobernador de Llanquihue debe hacer cumplir la ley, tal como lo hizo hace unos meses el Gobernador de la provincia de Palena, que ordenó el retiro inmediato y con la fuerza pública de ilícitas instalaciones salmoneras que la compañía Salmones Pacific Star, mantenía en la comuna de Chaitén.

El artículo 56 del Reglamento de Concesiones Marítimas es claro al respecto al señalar que “en el caso de ocupación ilegal de alguno de los bienes a que se refiere el Art. 3º*, ya sea por carecer de título el ocupante, por estar caducada la concesión, o por cualquiera otra causa, la autoridad marítima requerirá del respectivo Intendente o Gobernador el auxilio de la fuerza pública, a fin de que se proceda, sin más trámite, a desalojar los bienes ocupados indebidamente, sin perjuicio de que se persiga judicialmente el pago de las indemnizaciones que correspondan por todo el tiempo de esa ocupación ilegal”.

CARTA DE ONGS
Para hacer ver su parecer, las organizaciones Centro Ecoceanos, Oceana, Greenpeace, Observatorio de Conflictos Ambientales, y el Centro de Conservación Cetacea, enviaron una carta al gobernador de la provincia de Llanquihue, Oscar Valenzuela Meza, en la que lo instan a ordenar el retiro de las ilícitas instalaciones salmoneras.

Las ONGs ciudadanas afirman que la irregular situación de la empresa Aguas Claras “está afectando gravemente a los pescadores artesanales locales, los cuales han vivido por décadas de la extracción de mariscos y pesca de especies nativas, base del sustento de esta importante actividad económica regional”.

La acción de desalojo la debe ejecutar la Autoridad Marítima de la zona, en este caso la Capitanía de Puerto de Puerto Montt, bajo cuya jurisdicción está la zona del estuario de Reloncaví. Pero la orden la debe dar la autoridad civil, en este caso el gobernador.

Al respecto, hace unos días los pescadores de la zona informaron que también habían enviado carta a la capitanía de puerto de la capital regional para que se haga parte en este caso.

Los pescadores artesanales afirmaron que “el retiro de las jaulas de crianza (no es) un atentado contra el desarrollo económico regional, puesto que el retiro de las jaulas de su actual ubicación no afectará a una actividad lícita, sino a una totalmente contraria a la normativa vigente”.

HISTORIAL DE AGUAS CLARAS
La historia del centro de cultivo de Aguas Claras en Punta Serapio se remonta a 1997 cuando esta empresa adquirió una concesión de acuicultura por una superficie de 4,29 hectáreas. Sin embargo ya en 2004 esta compañía estaba usando 24, 5 hectáreas, 5 veces más de lo permitido. Esta anomalía fue denunciada por la Autoridad Marítima ante el Juzgado Civil de Puerto Montt.

En ese entonces la Armada notificó a la empresa y otorgó un plazo de 30 días para ajustarse a los límites de la concesión, a lo cual Aguas Claras respondió solicitando una prorroga para desocupar el lugar por cuanto se encontraba en un ciclo de engorda de salmones, proceso que terminaría en marzo de 2005.

Sin embargo, ya en septiembre de 2006, en una nueva fiscalización por la Autoridad Marítima, la empresa continuaba usando ilegalmente la zona y al medirse el espacio que utilizaba se registró que usaba 26 hectáreas, 21 más de las que tenía permitido.

Los pescadores del lugar además han denunciado que este centro de cultivo de Aguas Claras además de usar más espacio del permitido, no estaría ubicado en el lugar específico que se le autorizó. “El centro de cultivo se encuentra más lejos de la costa de lo que consta en los planos de la concesión, de tal manera que ya no se encuentra amparado por el accidente geográfico de Punta Serapio, que lo separaba de otro centro de cultivo de otra empresa”, afirman pescadores de Cochamó.

Ante esto, los pescadores afirman que además este centro de engorda de salmones para exportación está violando el Reglamento Ambiental para la Acuicultura (RAMA) pues se encuentra a menos de 2.778 metros de otro centro de cultivo, infringiendo con esto el artículo 13 del RAMA.

EXPORTACIONES SERÍAN ILEGALES
Los pescadores del lugar además se preguntan si Aguas Claras está exportando parte de una producción que sería ilegal, porque ya por varios años el centro de cultivo de Punta Serapio estaría funcionando en base a la no aplicación de las leyes sectoriales.

Ante esto los pescadores han solicitado al Servicio Nacional de Pesca que no otorgue el visado señalado en el artículo 41 del Reglamento de Concesiones y Autorizaciones de Acuicultura de Guías de Despacho, Facturas y/o Guías de Libre Transito, para la producción de este Centro de Cultivo.

Esta no sería la primera ocasión en que las autoridades pesqueras otorgan visado a producciones de salmón obtenidas en condiciones de ilegalidad. En Chaitén ocurrió la misma situación, sin embargo la empresa, Salmones Pacific Star, no ha tenido problemas para exportar esa producción generada en base a un negocio que no contaba con todos los permisos.