Una granja de atún ubicada cerca de la bocana del Golfo Dulce, el región del Pacifico Sur, ha sido puesta en espera por la Cámara Constitucional de la Corte Suprema (Sala IV), quedando pendientes estudios adicionales para determinar el impacto ambiental del proyecto en el delicado ecosistema de la región.

 

La orden resultó de la denuncia presentada por el Programa de Restauración de la Tortuga Marina (PRETOMA) y la Asociación Punta Banco, requiriendo un mandato judicial en contra de la Secretaria Técnica Nacional del Ministerio del Ambiente (SETENA) y el Instituto Pesquero de Costa Rica (INCOPESCA), según la declaración de PRETOMA.

Las agencias del gobierno entregaron permisos para el proyectos de Granjas Atuneras del Golfito, S.A., una empresa costarricense de capitales españoles y venezolanos, en el mes de junio del año pasado, basado en el estudio de impacto ambiental, el cual viene siendo cuestionado por los grupos ambientalistas.

El punto en cuestión es la dirección de los desechos (incluido las excretas de los peces), los mismos que pueden llegar a otras zonas.

Los ambientalistas argumentan que las corrientes pueden tener el potencial de diseminar los desechos dentro del golfo, el cual es área natural en donde se reproducen y alimentan las tortugas marinas, ballenas, delfines y un amplio rango de especies.

De acuerdo a la Sala IV, esta discrepancia debe ser resuelta con la finalidad de garantizar que los desechos resultantes de la granja, no causan el daño ambiental.