El veredicto del Consejo del Estado que decreto la prohibición de las piscigranjas en ciertas áreas ha generado disputas entre los dueños de las piscigranjas y los ambientalistas, quienes denuncian que las piscigranjas están contaminando el mar.

 

El dilema surgió cuando los piscicultores objetaron la sentencia original, conduciendo a que el Consejo del Estado adopte otro veredicto a favor de ellos.

Mientras que los piscicultores celebran su victoria, los ambientalistas están preparando el contraataque. The Green of Turkey, en su convención de ayer sábado, pusieron el tema en su agenda.

La ley, que estipula que las piscigranjas no pueden ser establecidas en sitios naturales protegidos y sitios arqueológicos, y en lugares a menos de 1.1 km de la costa, con una profundidad de 30 m y una velocidad de corriente de no menos de un metro por segundo, fue descartado. Debido a que el Consejo del Estado de baso en la ley para emitir su fallo, los piscicultores solicitaron un nuevo fallo que se hizo publico el último miércoles.

De acuerdo a la decisión inicial 163 piscigranjas fueron denunciadas porque contaminan el ambiente y perjudican el turismo en la zona. Los piscicultores estaban en desacuerdo con esa decisión y reclamaron que no tuvieron el tiempo suficiente para trasladarse a sitios alternativos propuestos por el Ministerio de Agricultura. Aproximadamente 70 de las 163 piscigranjas, tuvieron orden de trasladarse a los nuevos lugares designados por el Ministerio de Agricultura.

Por otro lado, los ambientalistas, quienes estaban preparando una denuncia ante la Corte Europea de Derechos Humanos, saludaron la decisión del gobierno y convocaron a una acción urgente para mover las piscigranjas.