Por: Francisco Pinto*
(El Mostrador). Por estos días el gremio salmonero –SalmonChile– ha propuesto un “nuevo trato” entre la industria y el Estado, abarcando cuatro aspectos que a juicio del sector son claves para continuar desarrollando la actividad en las zonas en las que se encuentra presente.

 

En primer lugar, la agrupación ha planteado que es necesario un cambio en la institucionalidad, argumentan que dado el actual tamaño de la industria, con exportaciones que superan los US$ 2.000 anuales y con proyecciones que apuntan a duplicar la producción en pocos años más, se requeriría de una subsecretaría de Acuicultura, dependiente del ministerio de Economía para poder ajustar la institucionalidad pública a la mayor dinámica del sector. En efecto, la salmonicultura ha crecido a tal nivel, que es necesario ajustar las reglas y procesos acorde a las demandas presentes y futuras, pero este ‘ajuste’ debe considerar no sólo los aspectos regulatorios relativos al fomento productivo, es también necesario que el Estado se adecue a los nuevos requerimientos en materia de fiscalización e incentivos, tanto en materias medioambientales como laborales. De acuerdo al informe elaborado por la Cámara de Diputados, en el marco de la investigación realizada respecto a los impactos de la salmonicultura, la tasa de infraccionalidad en materia ambiental es del orden 13,2%, cifra que no considera que uno de cada cinco informes ambientales presentados por la industria, no pueden ser evaluados porque no cumplen con los requerimientos mínimos establecidos.

Asimismo, cabe destacar que mientras la salmonicultura ha crecido a una tasa promedio anual del 20% en los últimos 16 años, el número de fiscalizaciones y cantidad de personal necesario para realizar estas labores de control lo ha hecho a una tasa bastante menor. Situación similar se aprecia en materia laboral, la Dirección del Trabajo posee una capacidad de fiscalización de apenas un 12%, no es de extrañar entonces que en materia laboral la industria ostente una tasa de infraccionalidad superior al 80%.

Estas cifras nos muestran que la mera existencia de normativas no garantiza en absoluto que éstas se cumplan, si no se acompaña de un proceso de fiscalización. En la industria del salmón suele cumplirse la recurrente frase de que en nuestro país ‘las leyes se acatan, pero no se cumplen’. Es necesario y urgente modificar la institucionalidad, pero de tal manera que se equilibren los aspectos regulatorios tanto en materia productiva como fiscalizadora.

En un segundo punto, la propuesta salmonera hace referencia a una petición de trato más igualitario de parte del Gobierno, para con los diversos sectores de la economía en materia de recursos públicos, solicitando expresamente contar con un mayor volumen para afrontar las exigencias internacionales. Al respecto, considero que si bien la industria juega un rol clave para economía e intereses nacionales, no se justifica que el gasto del Estado en esta materia sea igualitario entre sectores, este más bien debe orientarse a sectores más vulnerables de la economía, de tal forma que el país diversifique y fortalezca su canasta exportadora. La industria del salmón - en materia comercial al menos - se encuentra en una etapa madura, con mercados consolidados y con una cantidad importante de recursos, que les permite gestionar sus intereses particulares a través de una asociación gremial – SalmonChile, que agrupa a más del 80% de la producción- y un Instituto Tecnológico – Intesal - que les reporta constantemente información relevante, aunque inaccesible para el resto de la ciudadanía, porque que es de ‘carácter privado’.

En tercer lugar, la industria señala que el Gobierno debe incrementar el gasto social y de infraestructura en las zonas donde hay presencia salmonera, particularmente en Quellón y Puerto Montt, donde el crecimiento de la población ha más que duplicado el promedio nacional en la última década.

En este sentido, la propuesta salmonera apunta a un mecanismo en el cual el aporte de las empresas a proyectos de mejora sean descontados de los impuestos de primera categoría o global complementario, según corresponda.

No obstante, el ‘subsidio’ al que aspiran los salmoneros sería ineficiente en términos económicos e injusto desde una perspectiva social. Subsidiar a la industria significa que el Estado disminuye sus ingresos y por tanto dispone de menos recursos -por ejemplo para mayor gasto social-. Asimismo, no es posible que el gasto social quede al arbitrio o sea focalizado por privados – que tienen por máxima velar por sus propios intereses- , es precisamente labor del Estado velar por el bienestar de la ciudadanía en su conjunto.

En este sentido, si la industria – y en esto coincido – cree que debe haber un mayor nivel de gasto en las zonas salmoneras, puede pensarse en otro tipo de soluciones. Por ejemplo, que paguen por el uso del recurso natural agua y borde costero que utilizan en el proceso productivo. Actualmente, estos recursos les son cedidos en gratuidad por parte del Estado, y sólo pagan una patente anual por hectárea, que apenas sobrepasa los $70.000. A esto se le debería agregar un impuesto por la contaminación de las aguas y fondos marinos que causa el exceso de nutrientes que vierten, así como la pérdida de la fauna nativa que es depredada por los millones de especimenes que escapan anualmente desde los centros de cultivo. De esta forma, se acotan los impactos ambientales al colocar claros incentivos económicos a la eficiencia, se incorpora un criterio de justicia, al cobrarle a la industria por un recurso que le pertenece al Estado y el Gobierno puede disponer de mayores recursos para invertir en las zonas vulnerables e invertir en mejoras estructurales de puertos y caminos para que la industria pueda mejorar su desempeño. En consecuencia, ganamos todos.

Finalmente, la propuesta contempla la creación de una institucionalidad dependiente del mismo gremio, para que cumpla labores de revisión y sanción en caso de incumplimiento, de tal manera que se minimicen los daños de imagen que puedan ser causados por las malas prácticas sanitarias de algunas empresas. Sin embargo, si la industria quiere impulsar mecanismos autorregulatorios deberá mejorar considerablemente su credibilidad pública y dejar de encubrir a aquellas compañías que acostumbran tener lamentables prácticas ambientales y laborales. El gremio debe entender que si funciona en bloque, será evaluado también como tal, en consecuencia la industria en su conjunto será juzgada no por el mejor, sino por el peor de sus representantes.

Los elementos presentados en esta columna tienen por objeto enriquecer la discusión en torno al nuevo trato público-privado que proponen los salmoneros, incorporando algunos criterios que a nuestro juicio aportarían para que la industria salmonera se desarrolle de forma sustentable y pueda, quizás algún día, convertirse en motivo de orgullo nacional, como tanto anhela SalmonChile.

*Francisco Pinto, Fundación Terram

Fuente: http://www.elmostrador.cl