Santiago (Ecoceanos News). La Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach), y el Centro Ecoceanos criticaron la forma como el gobierno está abordando la situación de emergencia generada por el denominado “enjambre sísmico” en el Fiordo de Aysén y rechazaron el intento de entregar concesiones acuícolas a las grandes empresas sin respetar los procedimientos legales de la institucionalidad ambiental.

 

La situación de emergencia en el Fiordo de Aysén se inició a fines de enero cuando comenzó una serie de movimientos sísmicos que se mantiene hasta hoy y que el 21 de abril generó uno de los temblores más fuertes que causó derrumbe de cerros y grandes marejadas que dañaron centros de cultivo de salmones. En esa ocasión desaparecieron 10 personas, cuatro de ellas eran trabajadores de empresas salmoneras.

Luego de este episodio, las autoridades volvieron a recomendar a los empresarios que resguarden la vida de los trabajadores y eviten continuar con las faenas en las zonas de riesgo; esto es todo el Fiordo de Aysén.

Pero ante esto, los empresarios comenzaron a presionar para, por un lado, mantener sus operaciones en la zona, y al mismo tiempo obtener nuevas concesiones en la región.

De esta forma el gobierno presentó al Parlamento un proyecto de Ley que lleva la firma de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en el que invita a las compañías a postular para acceder a las concesiones acuícolas que hayan caducado.

Si se aprueba este proyecto, los grandes empresarios deberán realizar solo un pequeño trámite que no exige que los proyectos industriales se sometan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), para apropiarse de las concesiones marítimas. La razón para esta exención, argumenta el gobierno, es que las concesiones caducadas ya fueron sometidas al SEIA.

El plan del gobierno fue presentado ya dos veces en el Parlamento con recomendación para que sea legislado con carácter de “suma urgencia”, pero en ambas ocasiones fue retirado. Varias serían las críticas preliminares acerca del espíritu y la forma de este documento que pretende modificar la Ley de Pesca, pero que no toma en cuenta las otras Leyes como la General de Bases del Medio Ambiente.

MORATORIA A LA EXPANSIÓN SALMONERA
Ante esta situación, el Centro Ecoceanos volvió a llamar al gobierno a establecer una moratoria a la entrega de concesiones hasta que el Estado no sea capaz de establecer un fuerte control a las malas prácticas sanitarias, ambientales y laborales que mantiene la industria del salmón.

“Estas compañías nacionales y multinacionales han cometido infracciones a las leyes en forma sistemática. En la Región de Los lagos se registra hasta un 80 por ciento de violación a la Ley Laboral; han ocupado espacios en forma totalmente ilegal, sin ningún permiso estatal; y varias empresas han sobrepasado los niveles de producción permitidos”, afirma Ecoceanos.
La organización ciudadana agregó que “no es posible una expansión geográfica y productiva de esta industria, en un contexto en que no hay información acerca de los tipos y cantidades de medicamentos que se están usando en los centros de cultivo; y además porque continuan generando un problema sanitario por que sus residuos son llevados a basurales que no cumplen todas las normas”.

“El gobierno no debe dejarse presionar por los empresarios y debe comenzar a fortalecer su rol de fiscalizador en esta multimillonaria industria”, afirmó Ecoceanos.

RECHAZO DE LA PESCA ARTESANAL
Según la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Conapach), “en sólo 2 meses, el Estado elabora una Ley para solucionar un problema que la Industria Salmonera se creó a si misma, como es mantener centros de engorda de salmones en una zona de derrumbes y donde se registraban 2 mil sismos al mes”.

“En contrapartida, la Pesca Artesanal lleva 17 meses esperando a que el Gobierno cumpla con su compromiso, asumido y firmado en Enero del año 2006, respecto a decretar una moratoria (congelamiento) a la expansión salmonera ante la evidente incapacidad del Estado para regular una actividad insustentable y con alta infraccionalidad laboral”, afirman los pescadores.

Conapach agrega que “durante cuatro meses la industria salmonera obligó a sus trabajadores a mantenerse en sus puestos de trabajo a pesar de los sismos y derrumbes previos al terremoto de Abril”.

De esta forma “ignoró las recomendaciones de Ministros, Intendentes, de la misma autoridad marítima y de otros funcionarios del Estado acerca del cierre necesario de los centros de engorda que ponían en peligro a los trabajadores que permanecían en ellos”.

“Lo que hace la industria salmonera no es preocuparse de la vida de sus trabajadores. Lo que hace es tratar de chantajear al Estado con la vida ajena para que le otorguen concesiones acuícolas fuera del Fiordo Aysén, sin evaluación ambiental de por medio y en virtud a un mero acto administrativo”.

Conapach además está exigiendo que la industria salmonera someta sus proyectos a Estudios de Impacto Ambiental (EIA) acabando con el arbitrario régimen de evaluación a través de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA).

“Si ya el régimen de evaluaciones ambientales de proyectos salmoneros mediante simples Declaraciones Juradas, como son las DIAs, nos parece insuficiente y arbitrario, la propuesta de asignar concesiones SIN siquiera DIAs mediante, nos parece un exceso”, alega Conapach.

La organización de pescadores teme que “en la Región de Aysén se repita el mismo desastre ambiental que se ha producido en a Región de Los Lagos”. Ante esto “rechaza en todos sus términos y en todas sus débiles argumentaciones la propuesta legal” de entregar estas concesiones caducadas.