Xalapa (El Golfo). La Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable, que fue publicada el 24 de julio, entrará en vigor a partir del 22 de octubre, informó el subdelegado de pesca de la Sagarpa, Roberto de la Garza de los Santos, y agregó que en la misma se contemplan sanciones máximas hasta de 1.5 millones de pesos, equivalente a unos 30 mil salarios mínimos; recordó que la multa máxima en la pasada legislación era de 20 mil salarios mínimos.

 

En conferencia de prensa, el funcionario dijo que de acuerdo a la nueva Ley el Gobierno del Estado está obligado a publicar su ley estatal en materia de pesca y acuacultura, lo que se conoce como “ley espejo” de pesca y acuacultura sustentable, en la cual se está ya trabajando que una vez expedida y publicada en la Gaceta del Estado, este administrará la pesca y la acuacultura en los cuerpos de agua a los que se refiere el párrafo quinto, del Art. 27 Constitucional, lo que quiere decir que ahora el Gobierno del Estado expedirá los permisos que le permitirán a los productores seguir desarrollando su actividad pesquera, así mismo también tendrá la obligación de llevar a cabo el registro estatal de pesca y acuacultura y el de captar la información de la producción pesquera.

Esta ley llena un hueco que existía en lo que se refería a la ausencia de una ley federal de sanidad acuícola y permite ahora que la autoridad federal pueda declarar a entidad federativas como zonas libres de enfermedades, como zonas en vigilancia, como zonas de escasa prevalencia o como zonas infectadas con las consecuencias en la movilización de organismos acuáticos vivos y sus productos y subproductos consecuentes, destacó Roberto de la Garza.

Reiteró que se amplían algunas infracciones, se acaban algunas lagunas legales que permitían a algunos infractores evitar las multas y sanciones previstas en la ley, para el caso de la utilización de artes de pesca, prohibidas o no permitidas, ya que la ley anterior señalaba que se penaba solamente el uso de las artes prohibidas, mientras que la nueva ley señala que se penalizan tanto el uso como el transporte.

Además, dijo, ahora cualquier inspector de pesca que detecte que una embarcación o un vehículo lleva un arte de pesca no autorizado puede levantar el acta e iniciará el procedimiento administrativo correspondiente.

Dio a conocer que en todo el estado habrá registradas unas mil unidades productoras de tilapia y unas 150 unidades de trucha, ubicadas en municipios de mayor altura, mientras que el número de productores pesqueros registrados con permisos y concesiones para la captura de las diferentes especies acuáticas oscilan entre las 76 mil personas y tenemos registradas alrededor de mil 1,150 permisos de pesca comercial.

Destacó que “somos el principal productor pesquero en el Golfo de México y ocupamos el cuarto o quinto lugar en la producción nacional”.

Existen alrededor de 16 mil embarcaciones menores y estamos constituidos como el segundo estado a nivel nacional.

Sobre la importación de mojarra tilapia producida en Asia a un bajo costo, ha tenido un efecto negativo, sobre todo en los acuicultores, que son los que han señalado esa situación, pero lo que debemos de hacer como Estado es el de encontrar la fórmula para poder producir en forma más eficiente y económica que se pueda competir con ese precio.

Sobre la posible afectación del huracán DEAN a este sector, informó que hay 13 oficinas de pesca en todo el Estado y se han girado instrucciones a todos los jefes de oficina para que entren en contacto con las principales agrupaciones pesqueras de toda la zona para que también se pongan en contacto con las presidencia municipales y los comités de protección civil y le brinden toda la asesoría al productor, sin embargo, dijo que podrían ser afectados entre 12 y 15 mil productores pesqueros.

Se comparten facultades con el Senasica para llevar a cabo inspecciones en el transporte de organismos acuáticos vivos o enyelados y se transfieren las obligaciones de expedición de certificados de sanidad acuícola hacia esa entidad que actualmente tiene la Conapesca, de esta manera el número de inspectores que van a estar trabajando para la eficaz observancia de esta ley, se incrementarán de manera muy importante.

También la ley reconoce al Consejo Estatal de Pesca y Acuacultura como un órgano que el gobierno estatal debe impulsar y también como un órgano que esta facultado para emitir opiniones en el campo del otorgamiento de permisos o concesiones antes de que se resuelvan las solicitudes por parte de los productores. Esto lo vuelve un organismo muy importante y que puede permitir que el otorgamiento sea más transparente, oyendo a todas las partes: al municipio, al Gobierno del Estado, al Gobierno Federal y a los productores involucrados.

Finalmente señaló que al ser una ley de competencia exclusivamente federal es una ley que se apoya en el Art. 73 Constitucional en el cual se abre la posibilidad de delegar facultades a los gobiernos estatales.

Fuente: http://www.elgolfo.info