Es una lamentable costumbre en muchos países, en donde los políticos toman decisiones sin tener en consideración las recomendaciones de los técnicos; y para variar muchas de estas decisiones son equivocadas y en el peor de los casos generan pérdidas a la industria acuícola; no obstante, lo más lamentable es que las instituciones públicas pierden el reconocimiento social y por ende la confianza de los productores.

 

En otros casos, se nombran como responsables de unidades acuícolas a personas que no tienen la experiencia necesaria o en todo caso no están capacitados en el área que les toca dirigir; que se ganaron el puesto por contar con el apoyo del partido gobernante de turno.

Un ejemplo de esto lo estamos viviendo en el Proyecto Especial Lago Titicaca (PELT) en Perú, en donde se ha nombrado a funcionarios sin experiencia, lo que ha generado que se mueran alevinos de truchas que estaban destinados a las actividades del PELT. Las respuestas de los funcionarios dejan mucho que desear, debido a que afirmar que es normal una mortalidad del 20% en el nivel de alevinos.

Muchos de los políticos que llegan al poder consideran que el Estado es un “botín” y que pueden disponer de este conforme se les antoje. Esto perjudica los procesos a largo plazo, lo que debería primar para lograr los objetivos de desarrollo que demanda la actividad acuícola.