(Ecoceanos).- El Estado de Chile deberá responder a una consulta formal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a los reclamos de la comunidad Mapuche Huichille Pepiukelen, contra la instalación de una factoría productora de alimentos para salmones del Holding Agrosuper en la localidad de Pargua, al sur de Puerto Montt.

 

Esta es una de las primeras ocasiones en que la CIDH interviene en un conflicto en que las acciones de compañías privadas atentan contra los derechos humanos de comunidades indígenas, afirma el abogado patrocinador de la causa Diego Carrasco del Observatorio de Control Interamericano de los Derechos de los y las Migrantes (OCIM).

La instalación de esta empresa ha estado cuestionada desde un principio por las comunidades indígenas que afirman que han existido irregularidades en aspectos legales de tipo ambiental, indígena y de uso de agua. Además acusan que han sufrido hostigamientos y amenazas en su proceso de denuncia contra esta compañía.

Estos reclamos fueron realizados a los tribunales chilenos donde recorrieron un largo camino hasta llegar a la Corte Suprema que no tramitó el caso por considerarlo extemporáneo. Pero la comunidad Mapuche no quedó conforme y acudió al organismo continental.

El abogado Diego Carrasco afirma que aún persiste la “contaminación, la afectación al derecho a la vida e integridad física y los hostigamientos y amenazas” a la comunidad y sus dirigentes.

La presentación en esta Comisión, es la antesala para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene potestad de dictar sentencia condenatoria contra los Estados del continente.

La carta oficial del Secretario Ejecutivo de la CIDH, Santiago Cantón, señala que han solicitado información adicional y actualizada al Estado de Chile respecto a “medidas que han tomado las autoridades para proteger a los miembros de la Comunidad Pepiukelen”.

La Comisión Interamericana también exige explicación acerca del “estado de las investigaciones iniciadas a raíz de las denuncias efectuadas por los miembros de la Comunidad sobre distintas amenazas y actos de hostigamiento que habrían sufrido”.

LIBRE DETERMINACION Y TIERRAS ANCESTRALES

La importancia de esta resolución, dice el abogado Carrasco, es que la CIDH “se constituye en un foro que escucha las legítimas peticiones del pueblo Mapuche Huilliche; en segundo lugar que interviene en un caso que se trata de ocupación de territorio ancestral por parte de empresas privadas; y se trata de inversiones privadas y no estatales como había ocurrido en casos anteriores respecto a la ocupación de territorio indígena”.

Carrasco también recalca que en esta situación “está en juego directamente la libre determinación” de esta comunidad Mapuche.
El abogado del OCIM agrega que este caso “dice relación con la usurpación histórica de tierras de parte del Estado de Chile, a través de la declaración de las tierras Mapuche Huilliche como de interés fiscal y la posterior ocupación, incluso de españoles de esas tierras”.

Carrasco describe que originalmente la comunidad Pepiukelen llegó a habitar cerca de 400 hectáreas hasta llegar a 3,5 hectáreas que es las que tienen actualmente. Ahora en los alrededores de esta comunidad se han instalado “3 o 4 empresas que contaminan y que afectan el derecho a la vida, la libre determinación y salud” de estos indígenas.

LABOR DEL ESTADO

Consultado específicamente sobre la carta enviada por la CIDH al Estado de Chile, el abogado del OCIM afirma que es “un pedido de explicaciones al Estado para que informe respecto lo que ha hecho para proteger y cautelar a esta comunidad precisamente, y en segundo termino que se ha hecho para proteger al vocero de la comunidad, Francisco Vera Millaquén, respecto a amenazas que ha sufrido”.

Pero la cuestión de fondo es si el Estado chileno genera garantías para “el ejercicio o no, del cumplimiento o no, de los derechos humanos que tiene la comunidad indígena”.

“La misión y deber del Estado es restablecer el debido imperio del derecho y hacer que la comunidad indígena Pepiukelen no se vea afectada por estas empresas”, dice el jurista.

Entonces el Estado debe hacer “lo necesario para que estas empresas se vayan a otro lugar y poder hacer lo necesario para reparar a la comunidad indígena por todos los perjuicios morales y materiales, y que cesen los hostigamientos contra sus dirigentes”.

Sin embargo Carrasco sostiene que “no ha habido ninguna forma en que el Estado de Chile ha hecho ambas cosas, por lo tanto en conocimiento de la respuesta que de el Estado, haremos las acciones necesarias de forma de poder obtener esta medida cautelar o la petición en subsidios sea declarada admisible en favor de la comunidad”.

A parte de esta solicitud de medidas cautelares, la comunidad con el auspicio del Observatorio de Pueblos Indígenas y el OCIM interpusieron una demanda internacional contra el Estado “por el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y por lo tanto la migración forzada que eso conllevaría a la comunidad Pepiukelen”.

“Lo que valoramos es que en este caso, respecto a la medida cautelar, ya la CIDH está pidiendo antecedentes sobre esto y creemos que lo que responda el Estado de Chile va a ser muy importante para que la CIDH declare admisible o inadmisible la demanda internacional contra Chile”. Esto “generaría un precedente internacional que podría llegar a la Corte Interamericana” puntualiza el abogado del OCIM.