GUAYAQUIL (El Comercio).- La Fiscalía del Guayas decidió iniciar una investigación en ese sector productivo tras el hallazgo que la Armada hizo, el mes pasado, en la parroquia de Chanduy, provincia de Guayas. Entonces se encontraron  cinco toneladas de droga en una camaronera.

 

También se hallaron  rastros del alcaloide en dos de esos negocios del archipiélago de Jambelí, provincia de El Oro. “Creemos que hay muchas camaroneras que están siendo compradas por extranjeros, pero como ellos no pueden tener acceso a las playas las ponen a nombre de ecuatorianos”, manifestó el fiscal Jorge Solórzano.

El judicial sospecha que las camaroneras reciben el aporte del narcotráfico y aparentan buena producción. Pero esconden un negocio clandestino bajo  la arena. Allí se ubican  estructuras subterráneas para embodegar la droga, lanchas rápidas, armas, productos químicos, dinero y todo lo que pueda delatar su ilegal actividad.

“Es una técnica practicada en Colombia. Ya se la vio en Chanduy y sirve para burlar la vigilancia”, dice Solórzano.

La Fiscalía  inició la investigación al confirmarse que allegados al líder del Cartel del Norte del Valle colombiano, Diego Montoya, habían adquirido hace dos años ese tipo de propiedades en la provincia de Guayas.
 
El operativo ‘Huracán azul’ precisó que Víctor Hugo R. E., figuraba como testaferro y tenía un círculo de colaboradores que administraban empresas como Servimagic y adquirían embarcaciones pesqueras ecuatorianas.

“He pedido a la Marina, al Instituto Nacional de Pesca y al Ministerio Industrias, el estado de las camaroneras que hay en el país. Hay que identificar cuáles están cumpliendo con su actividad normal y quiénes no”, dijo Solórzano.

El rastreo no será fácil para las autoridades, pues se sabe que hay varias en Esmeraldas, Manabí, Guayas y El Oro. Sin embargo, el crecimiento abrupto del negocio no estuvo acompañado de un catálogo, por lo que se tiene un registro que precise cuántas hay ni en dónde están ubicadas.
 
Bolívar Vinueza, jefe de la Unidad Antinarcóticos del Guayas, cree que ese tipo de propiedades son preferidas  por los narcotraficantes por la cantidad de ventajas que  les ofrecen.

Es conocido mundialmente que el 70 % de la droga que llega a Estados Unidos y varios países de Europa se transporta por la vía marítima. Eso permite deducir la primera ventaja: las camaroneras tiene acceso directo al mar.
 
El área costera tiene muchas bahías y canales por donde ingresan y salen las lanchas rápidas que entregan hasta cuatro  toneladas de droga a buques mercantes en alta mar. “Nosotros no tenemos recursos para hacer controles en el mar, no lo hacemos. No sé hasta qué punto lo hará la Armada. La falta de control es una ventaja para ellos”, señaló Vinueza.

Milton Lalama, director de la Dirección de la Marina Mercante (Digmer), defendió el viernes, en una entrevista con diario Expreso,  el trabajo que el Cuerpo de Guardacostas de la Armada ecuatoriana cumple en los 1 093 700 kilómetros marítimos que están  bajo su jurisdicción.

“Nosotros tenemos el control de todas las áreas marítimas, lamentablemente estos ilícitos no se los hace a vista y paciencia de las autoridades, sino que salen en  la madrugada a escondidas y el área marítima es tan grande”, señaló.

César Monge, presidente de la Cámara de Acuacultura, considera muy oportuna la investigación al sector que representa, pues eso permitirá detectar la infiltración del narcotráfico en sus actividades productivas. “Lo preocupante sería que las autoridades no lo hagan, sabiendo que eso está ocurriendo en nuestro país”.

Monge está convencido de que  los  364 afiliados de la Cámara de Acuacultura   saldrán limpios de la indagación que emprende la Fiscalía. Según él, el  negocio ilegal del narcotráfico desde las camaroneras es ejecutado  por   gente no agremiada. “Es gente que ha ingresado recientemente en la actividad. Es difícil que una persona que busque actuar ilegalmente quiera pertenecer a un gremio, donde debe participar activamente como un miembro más”.

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