Santiago (Ecoceanos News). Luego de seis meses de investigación parlamentaria a la industria salmonera, son escasos los avances y propuestas que entregaron los diputados encargados de realizar el informe final de esta revisión, el que tendrá que ser votado por la sala en pleno de la Cámara de Diputados en marzo. En los temas laborales las recomendaciones tienen un claro punto de vista empresarial para flexibilizar la Ley laboral a la realidad de la industria y en los aspectos ambientales se reconoce la escasez de información y se generan vagas recomendaciones para realizar estudios científicos.

 

En relación a las denuncias de las diversas comunidades costeras y de pescadores artesanales sobre la contaminación orgánica y química de los fondos marinos, debido a fecas de salmones, alimento no consumido y la dispersión de antibióticos, pinturas antifouling y químicos diversos, la Comisión de Pesca y Acuicultura reconoció que “es preciso realizar estudios y evaluaciones científicas que permitan conocer la real situación de estos espacios y sus implicancias para los ecosistemas marinos”.
 
“En cuanto a los efectos de la contaminación del fondo marino, se requiere incrementar la investigación científica en forma sistemática”. Por ello, sugirió crear “un fondo especial para estas materias, con aporte público y privado, que asegure aumentar el volumen de investigación y garantice su continuidad”.
 
Respecto a los masivos escapes de salmónidos -carnívoros introducidos en los ecosistemas acuáticos nacionales-, los diputados afirmaron que “no fue posible conocer antecedentes basados en estudios específicos, con valor probatorio, que permitieran constatar que los escapes de peces que se producen en forma ocasional y accidental en las Regiones de los Lagos, de Aisén y de Magallanes, estén provocando una alteración significativa de la biomasa o de los equilibrios del ecosistema marino en esas regiones”.
 
Por ello la Comisión estimó “fundamental el desarrollo, tanto de nuevas iniciativas para evitar la fuga de peces, como realizar los estudios necesarios para conocer los efectos del escape de ellos”.
 
En relación al empleo de químicos, los diputados reconocieron que “la distribución y aplicación, en forma libre, del antibiótico en el medio acuático despierta una natural inquietud sobre los posibles efectos residuales de los mismos en especies nativas”. Agregaron que “la falta de estudios y de información científica específica en nuestro país han permitido una suerte de especulación y de planteamientos por parte de algunas ONGS y de pescadores, que provocan una atendible alarma que es necesario y urgente recoger”. Curiosamente luego de esta declaración, ninguna propuesta o acción es señalada.
 
En relación al Acuerdo de Producción Limpia (APL), dado que sus resultados serían positivos para el desarrollo de la actividad, el informe insta a que se suscriba e implemente a la brevedad un segundo de acuerdo voluntario de este tipo.
 
FLEXIBILIZAR LA LEY LABORAL
Pese al rechazo de los trabajadores que participaron de la mesa de trabajo en la Región de Los Lagos, frente a la incorporación del programa de autoverificación (SIGES), los diputados fomenta su aplicación como un buen mecanismo para monitorear el cumplimiento de la ley laboral.
 
El documento parlamentario propone que se continúen reuniendo a los actores regionales relevantes de la salmonicultura en el tema laboral, de manera de constituir instancias que fortalezcan iniciativas de autoverificación e “enriquecer el SIGES que desarrolla la industria”.
 
El reporte vuelve a insistir en proponer el SIGES al referirse a la fiscalización de las faenas de buceo salmonero: “la responsabilidad de hacer cumplir las normas y reglamentos de buceo debe recaer, fundamentalmente, en los organismos fiscalizadores, y en forma complementaria en los jefes de centros de cultivo, que deben ser solidariamente responsables en la materia, velando porque esta actividad se desarrolle cumpliendo todas las exigencias de seguridad vigentes, lo cual podría ser controlado a través del SIGES”.
 
El informe acoge la demanda de la asociación empresarial SalmonChile en cuanto flexibilizar la Ley Laboral de acuerdo a sus intereses. El documento es absolutamente directo en esta materia al proponer que “se hace necesario adecuar la normativa al desarrollo que ha ido teniendo la industria”. Los diputados proponen que el Gobierno “considerando la opinión de las mesas de trabajo, efectúe un estudio acerca de la aplicabilidad de la normativa a una industria en constante evolución”.
 
El Presidente de la Comisión de Pesca y Acuicultura, Patricio Vallespín, había anunciado que la propuesta de modificar la Ley Laboral, no solo tendría que beneficiar a los empresarios, sino también a los trabajadores.
 
Sin embargo, en esta materia el informe solo se limita a recomendar que “dada la coexistencia de grupos negociadores y de sindicatos en los procesos de negociación en algunas empresas, lo que está permitido por la ley, se requiere que en los casos necesarios la autoridad vele por el cumplimiento del Artículo 5° del Convenio 135 de la OIT, en materia de participación de grupos negociadores, sin menoscabo de la posición de los sindicatos”.
 
CUESTIONAMIENTO DE DATOS ESTATALES 
Ante las cifras de alta accidentalidad y de infraccionalidad de la normativa laboral, la industria salmonera se defendió asegurando que la vulneración de algunas normativas resulta irrelevante. SalmonChile señaló en su exposición en el Congreso que “un 59% de la infraccionalidad, que el primer semestre de 2006 superó el 80%, no implica una merma en las condiciones laborales de los trabajadores y se deben a características particulares de la actividad acuícola”.
 
El informe da cuenta de este particular planteamiento empresarial y recomienda “incrementar y profundizar los estudios relativos al sector, de modo de contar con mayores elementos de análisis para un diagnóstico objetivo en materia laboral”. 
 
LA SALMONICULTURA COMO “TRABAJO PESADO”
El informe señala que “es muy importante realizar una revisión de la calificación de trabajo pesado en centros de cultivo, balsas jaulas, plantas de proceso y servicios en general, de manera que puedan tener cobertura mediante la ley N° 16.744, de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”. Precisa que se deben “impulsar todas las acciones necesarias para calificar la actividad de buceo como trabajo pesado. Dado su alto riesgo, es imprescindible establecer exigencias a las empresas, para que contraten un seguro de vida en beneficio de los buzos”.
 
Estas iniciativas fueron las únicas propuestas de los trabajadores que SalmonChile acogió. Sin embargo, son cuestionables, porque no apuntan a mejorar las condiciones laborales, sino que a generar una pensión anticipada.
 
El proyecto de acuerdo que generó esta revisión ala industria salmonera instaba a “la industria del salmón a invertir los recursos económicos que sean necesarios a fin de mejorar las condiciones de seguridad de todos los trabajadores de la industria, especialmente de aquellos que realizan las actividades de mayor riesgo como los buzos”. Otro mandato incumplido que va en desmedro de las expectativas de elevar los estándares de este sector económico exportador.
 
El informe final demanda al Estado que de respuestas a los problemas generados por la industria del salmón. El texto indica que "deberá promoverse que los Servicios de Salud y los organismos administradores de la ley de accidentes del trabajo, como son el Instituto de Normalización Provisional y las Mutuales, implementen en forma coordinada una adecuada red de emergencia para la atención de sus trabajadores afiliados, que incluya la disposición de cámaras hiperbáricas, especialmente en las Regiones de Los Lagos y de Aisén, instalando concretamente, al menos, 4 en la primera de ellas y 2 en la última”.
 
Asimismo, el documento señala que “es necesario iniciar un proceso de modernización al interior del sistema estatal para la tramitación de licencias médicas, que permita acortar los plazos para beneficio de los trabajadores. Asimismo, las empresas salmoneras debieran implementar un sistema adecuado que posibilite un trámite más expedito de las licencias médicas de sus trabajadores”.
 
Lo única recomendación para el mundo empresarial es que “la industria del salmón debiera promover un programa de capacitación y fortalecimiento para que una mayor cantidad de buzos mariscadores pueda acceder a la categoría de buzo intermedio en el corto plazo”.
 
En materia de normativas de protección a la maternidad, el informe también hace recomendaciones a la industria del salmón, pero resultan insuficientes y demuestran la falta de voluntad política en legislar en torno a este relevante tema, considerando el incumplimiento a esta normativa y la judicialización de estos casos para desaforar a las madres y poder despedirlas. 
 
“Consolidar y replicar la práctica, ya asumida en algunas empresas, de evitar incorporar a las madres de hijos menores de 1 año a los turnos de noche en las plantas de proceso”, es la escueta recomendación.

El documento parlamentario curiosamente hace una advertencia llamado a las autoridades gubernamentales para ser cautelosos a la hora de emitir juicios en contra de la industria: “reconociendo el esfuerzo de las autoridades fiscalizadoras para lograr pleno respeto al cumplimiento de las normas, se hace necesario señalar también la necesidad de dejar atrás sesgos y prejuicios para así construir confianzas entre todos los actores. Aún se observan discursos y actitudes que potencian el conflicto por sobre el acuerdo entre las partes”.

Fuente: http://www.ecoceanos.cl