MAZATLÁN (El Golfo Info).- Después de 17 años de vigencia, la Ley Federal de Pesca quedará derogada a partir mañana lunes 22 de octubre, fecha en la que entra en vigor la nueva Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (LGPAS).

 

Así lo informó la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura (CONAPESCA), organismo desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Con esta nueva Ley, la federación, estados y municipios comparten responsabilidades en los planes de desarrollo del sector pesquero y acuícola, así como en la inspección y vigilancia, además de que la actividad pesquera se eleva a rango de asunto de seguridad nacional.

La LGPAS dedica un capítulo completo a la acuacultura, la cual no estaba contemplada en la Ley Federal de Pesca, destaca la CONAPESCA, institución que resalta que la acuacultura, siendo la segunda actividad de mayor crecimiento en la actualidad, proporciona miles de empleos y es la opción a futuro para el desarrollo del sector pesquero en materia económica y de sustentabilidad.

Por su parte, la pesca deportiva, reconocida como una importante fuente de divisas para el país e importante generadora de empleos, queda contemplada en artículos específicos de la nueva Ley.

Entre los beneficios de la LGPAS, se considera la creación de un fideicomiso que provea recursos suficientes para propiciar mayores y mejores investigaciones que puedan ser detonantes del desarrollo de la actividad.

Al elevar la pesca a rango de seguridad nacional, se fortalecerá la inspección y vigilancia de los mares territoriales, en beneficio de la sustentabilidad de las especies marinas.

Otra importante aportación de la ley, en la que se trabajó durante tres años, es en materia de descentralización: ahora, los estados y municipios tienen corresponsabilidad en la aplicación del ordenamiento jurídico y la CONAPESCA trabaja para entregar el reglamento de esta nueva ley en noviembre próximo.

Asimismo, fortalece la investigación y establece a la Carta Nacional Pesquera como elemento de ordenamiento pesquero, mediante los siguientes objetivos: otorgar mayor transparencia y regulación a la actividad acuícola; la promoción de acceso a los mercados internacional y nacional; y la incorporación de los avances científicos y tecnológicos en la inspección y vigilancia, entre otros beneficios

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