Galicia (La Voz de Galicia). El Ministerio de Medio Ambiente sigue sin desbloquear la instalación de empresas en la franja de dominio público marítimo terrestre, lo que complica no sólo las inversiones previstas en materia de acuicultura en Galicia, sino también la renovación de las concesiones a la industria conservera, de cultivos marinos o plantas de depuración de residuos.

 

En la negociación abierta el pasado diciembre entre la Consellería de Pesca y la Dirección General de Costas, el Gobierno central se negó a dejar en manos de la Xunta este tipo de autorizaciones y sólo accedió a estudiar, «caso por caso», los nuevos permisos y renovaciones.

Portavoces de la industria acuícola aseguran que este bloqueo pone en cuestión el plan acuícola que el Gobierno gallego prevé aprobar en junio. En la reunión mantenida el lunes por representantes del sector con el presidente autonómico, las empresas solicitaron al Ejecutivo gallego que otorgue «máxima prioridad» a la negociación abierta con Madrid.

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, se comprometió a intervenir personalmente en el proceso para resolver cuanto antes la situación. Para los empresarios, la claridad legal a la hora de elegir los asentamientos industriales es básica para no poner en peligro sus inversiones.

El problema no es menor. El departamento que dirige Cristina Narbona ya se ha negado a renovar dos concesiones. En Cataluña, el ministerio se la denegó a Servimar, una de las principales plantas depuradoras de la comunidad, situada en el dominio marítimo-terrestre. Y en Cantabria, la planta de cultivos marinos Tinamenor tampoco logró el visto bueno de Medio Ambiente. En ambos casos, los gobiernos autonómicos se pusieron de parte de las industrias. Pero los dos litigios siguen abiertos y en proceso de alegaciones. Ni siquiera el respaldo de la Generalitat o del Gobierno de Cantabria han logrado por ahora que Costas varíe su rígida interpretación de la Ley de Costas.

La máxima del ministerio pasa por que toda industria situada en la franja costera y susceptible de ser trasladada abandone el litoral y se instale a más de 500 metros de la línea de mar. En Galicia, media docena de empresas se enfrentarán a la renovación de sus concesiones en un plazo de entre tres y seis años. Los proyectos de acuicultura exigen ahora una mayor claridad legal antes de invertir.

De momento, la Xunta y Medio Ambiente han creado el pasado día 22 una mesa de trabajo donde, además de Costas, están presentes las consellerías de Pesca, Política Territorial y Medio Ambiente. Pero Madrid sigue queriendo revisar una a una las concesiones. Los sectores afectados piden ahora a Touriño que intervenga en la negociación para fijar un marco legal estable.

Fuente: http://www.lavozdegalicia.es