(La Voz de Galicia).- Los cultivos marinos han dejado de ser para Costas lo mismo que la explotación de un chiringuito de playa o de un puerto deportivo, hablando en términos impositivos. Con la aprobación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, el Gobierno ha introducido una modificación de la Ley de Costas que establece una nueva fórmula de cálculo específica para determinar la cuantía que deberán abonar las empresas de acuicultura por ocupar el dominio público marítimo-terrestre.

 

Con la nueva cuantificación, no solo se unifica el canon en todo el Estado -igual en toda España según el tipo de ocupación que la empresa realice-, sino que, en la práctica, se consigue una rebaja sustancial de una tasa que, hasta ahora, se calculaba aplicando un porcentaje al beneficio estimado o a la inversión prevista por la compañía.

Después de años cargando contra un canon que llevó a los tribunales por inconstitucional, ni que decir tiene que la patronal del sector, la Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos de España (Apromar), ha aplaudido un cambio en el que únicamente aprecia ventajas: «Ahora el importe es asumible, además de previsible, en el sentido de que cualquier empresa puede calcularlo desde el primer momento, y también acaba con las diferencias entre las distintas comunidades costeras», señala Javier Ojeda, gerente de la patronal del sector.

Piscicultura gallega

En este sentido, Galicia no era precisamente de las áreas más baratas. «Hay piscifactorías que estaban pagando por encima de 25.000 euros al año en concepto de canon por ocupación del dominio público», señala Fernando Otero, asesor jurídico del Clúster de la Acuicultura de Galicia. Y es que la piscicultura marina gallega se sustenta básicamente en la cría de rodaballo, una actividad que requiere cifras de inversión muy abultadas. Precisamente esas cifras disparaban después la factura que anualmente Costas enviaba a las firmas acuícolas. Con el nuevo cómputo, las empresas de rodaballo seguirán estando entre las que más pagan, pero se trata de cantidades «asumibles».? Aparte de la rebaja del canon que consiguen en general, la Ley de Patrimonio Natural da a las empresas la posibilidad de ver reducido entre un 25 y un 40% lo que pagan por ocupar suelo público. Todo depende del compromiso medioambiental que las compañías demuestren. Así, Medio Ambiente descontará el 40% del canon a todas aquellas firmas acuícolas que estén adheridas al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental (EMAS). Las que no estén adscritas a ese registro podrán beneficiarse de una bonificación del 25% si tienen implantado alguna ISO 14.000, que garantiza su responsabilidad con el medio ambiente.

Apromar no cabe duda de que la rebaja impositiva redundará en la mejora de la competitividad del sector, «pues ve reducida una carga impositiva que antes no sabía calcular». Es más, según Javier Ojeda, con la reforma del canon de ocupación se ha derribado una de las barreras que estaban frenando el desarrollo de la acuicultura marina en España.

Fuente: http://www.lavozdegalicia.es