SANTIAGO (El Correo Gallego).- El acuerdo suscrito por la Consellería de Pesca y el Ministerio de Medio Ambiente para ampliar entre 7 y 28 años el plazo para que las empresas gallegas que ocupan espacio público en la franja litoral se desplacen seis metros ha sido bien recibido por las firmas afectadas, aunque ha caído como un jarro de agua fría entre los colectivos ecologistas.

 

Entre las primeros se encuentra la Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia, cuyo gerente, Fernando Otero Lourido, afirma que sus miembros están "satisfechos por el acuerdo", si bien todavía no lo han visto en profundidad. Lo que sí tienen claro es que "pinta bien" y confían en que en la interpretación que se haga dentro de 7 años de las condiciones excepcionales que permitirán retrasar el cambio hasta un total de 28 años se encuadre también "la no disponibilidad de terrenos" para desplazar seis metros las infraestructuras.

No obstante, de las 50 empresas que tendrán que retirarse del dominio público marítimo terrestre sólo dos se dedican a la producción de peces planos. Ambas deberán "comprar terrenos aledaños". Una de ellas pertenece a la Stolt Sea Farm y el suelo que ocupa está, el 100%, ubicado en dominio público (en torno a 7.000 metros cuadrados).

En todo caso, Fernando Otero afirma que "las empresas harán todo lo que esté en su mano para cumplir" las condiciones de este acuerdo, aunque esto supondrá inversiones importantes para las firmas.

Pese a esto, la Asociación de Productores de Rodaballo de Galicia considera que la gestión realizada por la conselleira de Pesca, Carmen Gallego, ha sido buena en esta materia, porque logró "convencer a Madrid de que esto es diferente", porque -mantienen los productores- "no es lo mismo aplicar la legislación en otros lugares que donde se vive del mar".

Frente al concepto de buena gestión de Pesca, al que aluden los productores, se encuentra una versión más crítica en diferentes colectivos ecologistas. La Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza (Adega) considera "inaceptable" e incluso ilegal la decisión sobre las prórrogas. El colectivo se remite a la ley que establece que 30 días después de caducar las licencias de actividad productiva las compañías deben desmantelarse "en un plazo máximo de tres meses".

Fuente: http://www.elcorreogallego.es