Por Sonia Vizoso
(El Pais).- A un mes de las elecciones generales, el plan que prevé la expropiación de 3 millones de metros cuadrados a pie de costa para construir piscifactorías arde en manos de los políticos. Varias de las 26 granjas marinas previstas por el bipartito han provocado una oleada de protestas vecinales y alegaciones a las que se han unido alcaldes del PSOE, que controla la Consellería de Pesca, regidores del PP como los de Oia y Ribeira, que se oponen a proyectos ya impulsados por el Gobierno de Manuel Fraga, y representantes del BNG, aliados de gobierno de los socialistas.

 

Uno de los proyectos más polémicos es el de la playa de Seiruga, en el ayuntamiento de Malpica, donde se pretende levantar una planta en una parcela de 200.000 metros cuadrados. El alcalde de esta villa, Xosé Ramón Varela (PSOE), después de reunirse con la conselleira, Carmen Gallego, y técnicos de Pesca, está convencido de que las obras destruirán un paraje "virgen" y seguirá secundando las manifestaciones que organicen sus convencinos. "Yo, personalmente, tengo independencia en el partido", recalca.

Varela cuenta con el apoyo de la agrupación del partido en Bergantiños. "Si ejecutan esta piscifactoría en Seiruga, en vez de dos playas preciosas se va a ver una mole de cemento", subraya Genaro García, secretario comarcal del PSdeG, que cree que quienes proyectaron la planta no se han molestado ni en visitar la zona. "El alcalde se ha movido mucho pese a ser del PSOE como la conselleira; tiene que defender la posición de sus vecinos porque es justa".

García rechaza que haya intereses electorales detrás del apoyo a los afectados de Seiruga porque los comicios no son locales y sostiene que esta postura puede incluso restarles votos de cara a las generales. "La gente puede decir: 'Hasta los del PSOE están en contra", argumenta.

A las demandas de los vecinos se han unido también alcaldes como el de Muxía, el municipio en el que el PSdeG paró desde la Xunta una enorme granja en el cabo protegido de Touriñán. El regidor muxián Félix Porto (PSOE) ha presentado alegaciones al plan de acuicultura del bipartito porque se opone a que la ampliación de la planta de Merexo en 270.000 metros cuadrados se realice hacia el mar y expropiando los terrenos.

Pesca aún no ha contestado a sus alegaciones, pero Porto confía en que Muxía sea una excepción dentro del plan y que allí la consellería no expropie a los vecinos. Él, insiste, no está en contra de que se amplíe la granja de Merexo -"Pesca habla de 150 empleos, con que sean 60 ya pego botes de alegría"-, como tampoco se opuso, recuerda, a la planta que su partido paró en Touriñán: "En este ayuntamiento se van 100 jóvenes al año y no podemos decir no sistemáticamente a las inversiones".

En Vimianzo, la piscifactoría de Xandriña, ubicada entre este municipio y Camariñas, ha provocado las protestas de los vecinos y ha dividido internamente al grupo de gobierno del PSdeG. El pleno ha aprobado una moción del PP reclamando a Pesca que retire el proyecto con el apoyo del alcalde, Alejandro Rodríguez, y otros tres concejales socialistas, mientras que la portavoz municipal del partido prefirió abstenerse. El regidor da una desconcertante explicación a su voto: "Apoyé la moción del PP porque ni me va ni me viene; la conselleira me conoce y sabe que no soy sumiso a nadie".

La dirección gallega del PP exige a Pesca que retire su plan por el gran número de protestas y que vuelva al que dejó aprobado Fraga, pero esa solución no convence ni a sus alcaldes. El regidor popular de Oia, Alejandro Rodríguez, rechaza las dos plantas previstas en su municipio tanto por el plan del bipartito como por el del anterior gobierno. ¿Pero por qué no levantó la voz cuando las promovió su partido? "Yo en 2005 no me enteré de nada", responde.

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