(Diario Financiero).- Mientras la salmonera Aguas Claras continúa evaluando la magnitud de los daños que dejó la toma de sus cuatro centros de cultivo, las conversaciones entre la compañía y el sindicato de trabajadores permanecen absolutamente estancadas.

 

Desde que estalló el conflicto, Aguas Claras ha remarcado que no cederá frente a actos de presión que califica como “ilegales” y “vandálicos”. De hecho, la empresa, según indicó su abogado Álvaro Varela, ya presentó acciones judiciales por usurpación, daños, amenazas y lesiones, cuyas respectivas investigaciones ya están en curso. Varela justificó esta opción debido a las importantes pérdidas que la paralización ha acarreado para la firma.

“A diferencia de otros procesos, aquí si se descuida la materia prima, no podemos seguir funcionando por los próximos dos años, porque tenemos que iniciar el cultivo (de salmones) desde cero. Haremos valer todos nuestros derechos una vez que se determinen los perjuicios”, precisó Varela.

En tanto, cercanos a la firma ligada a las familias Puchi y Fischer, explicaron que no existe certeza sobre cuándo podrían concluir los trabajos que finalmente determinarán el nivel de daño en las diferentes instalaciones y, que al mismo tiempo, establecerán la real situación en que se encuentran los peces, algo decisivo para fijar una fecha de reapertura.

Sin embargo, se estima que la evaluación podría estar lista durante estos días, siempre y cuando el conflicto no recrudezca.

Iglesia se margina

El alejamiento entre las partes se hizo más evidente, luego que el arzobispo de Puerto Montt, monseñor Cristián Caro, anunciara que la Iglesia no asumirá una función de “garante” entre la filial de AquaChile y sus funcionarios, conflicto que ya se arrastra por varias semanas y tuvo su momento más crítico la semana pasada, cuando los centros Canutillar, Serapio, Desagüe y Colulí fueron ocupados ilegalmente y de manera violenta por un grupo de trabajadores.

Monseñor Caro planteó a través de un comunicado que hizo “todo lo posible pensando en el bien común y la paz social” dentro de su rol, sin especificar las razones que determinaron su decisión. “Ambas partes deben sentarse a la mesa y llegar a un acuerdo (…) la prolongación de esta situación daña a todos”, concluyó el prelado. La empresa habría condicionado la formación de esta mesa de diálogo a la marginación de algunos dirigentes.

El gobierno también hizo ayer un llamado al diálogo entre las partes. Asimismo, desestimó la participación de terceros en el asunto al tratarse, a su juicio, de un problema entre privados. El ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, quien ayer visitó la Región de Los Lagos, dijo que “esta empresa y los trabajadores deberían juntarse cuanto antes. Soy el inventor de la mesa de diálogo, así que eso me parece muy bien, pero no me parece que eso en este momento sea necesario”. Pérez Yoma agregó que “lo que importa es que la empresa y los trabajadores se junten, se sienten y resuelvan este problema. Son muchos los puestos de trabajo que están en juego y esto se ha extendido más de lo necesario”.

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