Puerto Montt (Ecoceanos News). Una comunidad indígena de la zona de Puerto Montt presentó una denuncia contra el Estado chileno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reclamando que no se ha hecho justicia en la ocupación que realiza una empresa salmonera en territorios indígenas.

 

“Consiste en una demanda ante este organismo internacional por el hecho que acá en Chile finalmente nosotros no hemos sido escuchados ni por los organismos públicos con competencia ambiental -que fueron los que aprobaron finalmente el proyecto de la empresa Los Fiordos-, ni tampoco por los tribunales donde hemos llegado a lo más alto, la Corte Suprema, la que finalmente en un fallo bastante poco serio declaró a nuestro recurso inadmisible por extemporaneo”, dijo a Ecoceanos News Francisco Vera Millaquén de la comunidad Pipiukelen de la zona de Pargua al sur de Puerto Montt.
 
“Creemos que esas fueron formas elegantes que el Estado chileno utilizó para no escucharnos y dejarnos sin ninguna opción de frenar la instalación de esta empresa”.
 
Una acusación de estas características es la antesala para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual tiene la potestad de dictar sentencia condenatoria contra los Estados del continente.
 
Vera Millaquén agregó que “lo que estamos reclamando en primer lugar es el derecho a la vida por cuanto la instalación de esta empresa no solamente genera ruido y olores, sino que nosotros estamos viendo como se están secando nuestros terrenos, producto de las excavaciones que hizo esta empresa y que además la Dirección General de Aguas (DGA) ha autorizado para que esas excavaciones y los desvíos de los cauces naturales del agua que produjo la empresa Los Fiordos, queden de forma alterada, tal como ellos lo dejaron”.
 
El año pasado la DGA apercibió a esta empresa para reestablecer los cursos de agua, pero lo hizo cuando ya estaba la orden de no innovar (de la Corte Suprema), lo cual fue una excusa para que Los Fiordos hiciera nada. “Entonces –relata el representante Mapuche-, la empresa se excuso de que habiendo una orden de no innovar ellos no podían hacer lo que había ordenado la DGA pero al mismo tiempo presentaron una solicitud para mantener el curso alterado y entubarlo para dejarlo ‘per sécula’, cosa que afecta los terrenos porque nosotros vivimos al lado de la empresa, solo a 35 metros”.
 
La comunidad Pipukelen habita terrenos al sur de Puerto Montt y se ha visto afectada primero por los intentos de una compañía por instalar un taller para limpieza e impregnación de redes salmoneras, la cual no concreto su proyecto. Y ahora en el mismo terreno el Holding Agrosuper pretende instalar una factoría de su área acuícola.
 
“Anteriormente nuestra comunidad había tenido problemas con la empresa Long Beach, pero se retiró de acá, pero es el mismo terreno que ahora está usando Los Fiordos, entonces simplemente el problema se cambio de nombre y pasó a manos de otra empresa”, relata Vera Millaquén.
 
EFECTOS NEGATIVOS EN LA COMUNIDAD
Vera Millaquén también señala que los cultivos se han visto perjudicados por las obras industriales que ya ha comenzado a realizar la empresa Los Fiordos. “Este año la siembra de papas disminuyó bastante, en relación a años anteriores, también los árboles frutales y todo el campo se ve cada vez más afectado por la sequía que se ha producido por las excavaciones que ellos hicieron y sabemos que esto se ira acentuando día a día”.
 
Vera Millaquén acusa a Los Fiordos de tener “cero compromiso con el medio ambiente a pesar de sus grandes propagandas que ellos hacen acerca de que tienen un estricto apego a la normativa medioambiental, un apoyo muy grande al aspecto social, lo cual son simples mentiras porque nosotros hemos visto que en la práctica no se cumple ninguna de esas cosas”.
 
Consultado respecto al comportamiento de las autoridades regionales frente a este conflicto, el dirigente indígena afirmó que “lamentablemente hubo un apoyo manifiesto de CONAMA, el mismo actual director de la Corema, Nelson Bustos Arancibia, fue Seremi de Bienes Nacionales quién puso dificultades a la recuperación de un terreno que había sido de nuestro abuelo y que ellos lo tenían declarado como terreno fiscal, pero que a la vez lo estaban negociando con una de las empresas privadas”.
 
“Esa misma persona –afirma Vera Millaquén-, es el principal aval que tuvo el proyecto de Los Fiordos para que pase la prueba y cuando la Contraloría ordenó revisar todo, Bustos y el Seremi de Salud, en un informe vergonzoso dijeron que el proyecto de Los Fiordos por ninguna manera iba a afectar la calidad de vida de las personas, ni menos la salud de las personas que viven al lado”.
 
Vera Millaquén agrega que “la Contraloría dijo el año pasado que la aprobación del proyecto Los Fiordos no se ajustó a lo que señala la Ley y la normativa ambiental chilena. Lo mismo ocurre con la Ley Indígena que dice que los pueblos indígenas son patrimonio de la Nación y que por tanto deben ser resguardados y protegidos. Esto tampoco ha ocurrido”.
 
Esas son las razones de recurrir a la Comisión Interamericana dice el representante indígena y agrega que “lo que estamos pidiendo hoy es que la Ley chilena se cumpla en éste y todos los demás proyectos que se pretendan instalar en Pargua”.
 
“Esperamos en definitiva que se puedan cumplir las Leyes que el mismo Estado tiene, porque aquí las Leyes del Estado no se han cumplido y eso es lo que reclamamos”.
 
La comunidad también acusa que se han producido problemas en la salud de las personas. “Producto de todo esto, tenemos personas con problemas nerviosos, con depresión, producto de lo que uno ve a los alrededores”.