SANTA CRUZ (Pesca & Puertos).- A través del Decreto 4062/08, que lleva la firma del gobernador Peralta y el ministro Bontempo, el gobierno de Santa Cruz reglamentó la ley de Acuicultura provincial Nº 2.725.

 

La norma tiene por objetivo regular la actividad vinculada a la producción, por medio de técnicas de cultivo, de organismos que transcurran todo o parte de su ciclo de vida en agua dulce, salobre o marina.

Asimismo prevé el otorgamiento de permisos y concesiones para el ejercicio de la acuicultura y la implementación de medidas de protección, conservación y administración de los recursos vivos biológicos vinculados con esta actividad.

En el decreto se establece que la autoridad de aplicación de la ley 2.725 será la Subsecretaría de Pesca y Actividades Portuarias, la que deberá planificar, conducir y ejecutar la política provincial de acuicultura, regulando la la explotación, fiscalización e investigación. Además de otorgar los permisos y concesiones de explotación, la Subsecretaría de Pesca deberá establecer los requisitos y condiciones que deben cumplir quienes desarrollen actividades de acuicultura en territorio provincial, como así también aprobar los métodos y técnicas de explotación.

Se han previsto 3 tipos de escalas de acuerdo el nivel de producción de los emprendimientos: acuicultura artesanal, la realizada por personas físicas en forma directa; acuicultura industrial, la realizada por personas jurídicas en más de un área de concesión y acuicultura con fines científicos, aquella utilizada para tareas de investigación o educación y realizada por personal científico.

En el decreto se establecen 3 tipos de habilitaciones para el cultivo. “Concesión de acuicultura”, que permite el ejercicio del cultivo artesanal o industrial en aguas o tierras de la provincia.

“Permiso de Cultivo” es la habilitación para el cultivo en dominio privado y “Permiso de recolección” es el que permite la recolección de ejemplares juveniles, alevines o adultos de poblaciones naturales cuyo destino sea el cultivo comercial o con fines de investigación.

Asimismo, se definen 3 categorías para los permisos y concesiones de cultivo, los que transcurren en tierras de dominio privado con uso de aguas de dominio público, los que se realizan en tierras de dominio público con uso de aguas de dominio público y los que se realizan directamente en aguas de dominio público.

En cuanto a los plazos, la norma prevé para las concesiones un plazo de 15 años que podrá ser prorrogado a pedido del interesado por plazos de igual duración. En cambio los permisos tendrán la duración fijada en el proyecto presentado por el interesado y aprobado por la autoridad de aplicación.

Finalmente se establece que se impondrá un canon anual por hectárea que variará de acuerdo a la categoría del permiso otorgado. Como medida de fomento se ha previsto que los concesionarios de de cultivo de escala artesanal no pagarán el canon durante los primeros 5 años, los de escala industrial no lo harán por 2 años y aquellos con fines científicos estarán exentos de abonarlo por todo el período de la habilitación.

Fuente: http://www.pescaypuertos.com.ar