(La Voz de Galicia).- La falta de información de primera mano retrae a las empresas de lanzarse a valorar los últimos cambios realizados en un Plan Galego de Acuicultura que -y en eso sí coinciden todos- ya debería haber echado a andar hace mucho.

 

Sí lo ha hecho Stolt Sea Farm, cuyo director general, Pablo García, ha demando celeridad para un proyecto que, si se retrasa mucho más, obligará a reorientar las inversiones planificadas. García apuntó que el plan, que lleva casi dos años de tramitación, ha sufrido múltiples cambios y todavía sigue sin tener el visto bueno: «Hasta que esté aprobado definitivamente no se sabe nada de cómo va a quedar, ni qué superficie se va a poder ocupar».

El director insistió en que Stolt apuesta por Galicia y está muy interesada en mantener su presencia en la comunidad, pero tendrán que esperar hasta saber con qué terreno se puede contar para sopesar los pros y los contras antes de adoptar alguna decisión para construir nuevas granjas y, sobre todo, realizar las inversiones precisas. Según las informaciones que dio el director xeral de Recursos, Antonio García Elorriaga, en la Comisión de Pesca del Parlamento, el parque de Merexo, donde Stolt pretende ampliar la planta de rodaballo que ya tiene es uno de los que se acaban de revisar a la baja.

El recorte también afecta a la empresa Isidro de la Cal, pues la necesidad de introducir medidas de protección de elementos patrimoniales obligará a reducir superficie en el polígono de Meirás (Valdoviño) en el que la compañía tenía previsto ampliar sus instalaciones para duplicar su producción. Sin embargo, la firma ha eludido pronunciarse sobre los nuevos cambios.

También ha habido variaciones en varios de los parques en los que está implantada Pescanova o pretende estarlo. Es el caso de Lago, en Xove, donde las 27 hectáreas reservadas se han bajado a 18 -aunque se incluirán las instalaciones ya existentes que no ocupan dominio público marítimo-terrestre-, Corvo (Ribadeo) donde habrá que proteger el castro de Mereigo, o Ardia, única ampliación que, junto a la de Couso -donde se ubica el clúster de acuicultura y en la que el Concello de Ribeira no quiere más empresas-, ha sido anulada por completo. Ahora bien, en el caso de Ardia, portavoces de la empresa aseguran que fueron ellos quienes, hace meses, renunciaron a sus planes de ampliación al entender que estratégicamente no iba a ser una actuación rentable debido a la falta de espacio.

La renuncia de Nastos a disponer de más terreno que el estrictamente necesario para su ampliación (2,4 hectáreas) también está detrás de la reducción recogida para Seráns.

Otras firmas afectadas que no entraron a valorar los cambios son Piscícola del Morrazo (Punta dos Patos) y Aquacría (Bico de Ran).

Pero la celeridad que reclaman las empresas no va a ser inmediata. Pesca todavía está negociando el plan con sus socios de Gobierno, que confían en que se caigan del plan áreas como Laxe Brava, Arou, Xandriña y Seiruga, atendiendo al impacto social, patrimonial, paisajístico e, incluso, económico, pues hay zonas en las que persiste el uso agrícola de la tierra por parte de la población.

Postura nacionalista

Así lo reconoció ayer el portavoz de Pesca del BNG en el Parlamento, Bieito Lobeira, que explicó que «resulta curioso» que la mayoría de las modificaciones, que elogió, hayan sido auspiciadas por el departamento de Cultura -en manos del Bloque- que mantiene una vigilancia más intensa que «a propia Consellería de Medio Ambiente» -del PSdeG-. Así las cosas, «que se abrise o melón e se variasen aspectos do plan é motivo de satisfacción», pero los cambios «son insuficientes».

Entre las plataformas de afectados la modificación del proyecto no ha cosechado demasiados aplausos. Más que nada porque apenas hay cambios en aquellos parajes donde la contestación ha sido mayor. Así, Raquel Romay, la portavoz del comité de propietarios de Laxe Brava, en Corrubedo, amenaza con recurrir a la vía judicial e incluso «á Unión Europea».

Fuente: http://www.lavozdegalicia.es