Porto do Son (El Ideal Gallego). Los integrantes de la plataforma vecinal que se opone a la instalación de una granja marina en la parroquia sonense de Baroña quieren evitar a toda costa esta instalación. Para ello, anunciaron ayer su intención de presentar un contencioso-administrativo contra la expropiación de sus terrenos en caso de que la Xunta no atienda el recurso que interpondrán contra la declaración de incidencia supramunicipal del proyecto de Stolt Sea Farm en esa zona.

 

El portavoz vecinal, Marcelino Rodríguez Calo, explicó que van a contratar los servicios del abogado Ramón Sabín "para impugnar" el proceso. Así, señaló que primero van a agotar la vía administrativa y, en caso de que no surta efecto, recurrirán al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a través de un contencioso-administrativo.

"Los vecinos nos sentimos traicionados y vemos inconcebible que después de presentar tres mil firmas, entre las que estaban las del 95% de los propietarios de los terrenos, el proyecto siga adelante", subrayó. Asimismo, indicó que este tipo de acciones "hacen revivir tiempos pasados como el caso de las Encrobas, donde se hicieron con las fincas a base de mosquetón. No hay que olvidarse de que no pretenden expropiar nuestras tierras, que tanto trabajo les costó conseguir a nuestros antepasados, para una carretera o un hospital, sino para una multinacional extranjera ".

Al mismo tiempo, la plataforma vecinal quiso recordar las palabras del gerente de Stolt Sea Farm, Pablo García, afirmando que "ellos no se instalarían donde no fueran bien recibidos... pues a ver cómo se olvida ahora de ellas, pues aquí no es bien recibido".

Por su parte, el portavoz municipal del PP de Porto do Son, Antonio González Groveiro, subrayó que el alcalde, Ramón Quintáns, "debe pronunciarse sobre si va a defender y respetar la decisión del pleno del Concello, que por mayoría acordó ir en contra de esa piscifactoría". También criticó la actitud del PSOE en la Xunta, "porque presume de dar autonomía local, pero sólo cuando le conviene, porque en este caso es un recorte gravísimo de las competencias del Ayuntamiento, al sacarle la facultad de poder determinar sobre este tema".

Groveiro expresó el apoyo de su grupo a los vecinos y lamentó que los socialistas "no atendieran más de tres mil firmas demostrando así para quien gobierna: para una multinacional".

La concejala del BNG, Ánxela Franco Pouso, también se comprometió a "defender los intereses de los afectados" y quiso dejar claro que fue el PSOE quien tomó la decisión. Para ello, dijo que tiene previsto hablar con la conselleira de Cultura, Ánxela Bugallo, para que Patrimonio compruebe si la instalación afecta al entorno del Castro de Baroña, situado a poco más de 400 metros de los terrenos donde se quiere ubicar la piscifactoría.

 

Fuente: http://www.elcorreogallego.es