(El Universal).- Desde la promulgación de la Ley de Pesca en 2001, la producción del sector ha caído 50%, pues de las 545.000 toneladas recolectadas ese año, durante 2007 se capturaron 267.000 toneladas, según cifras del Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura (Inapesca), difundidas por Fedecámaras.

 

Ante esta situación, José Manuel González, presidente del organismo, manifestó a través de un comunicado que "la nueva Ley de Pesca y Acuicultura que elimina la pesca de arrastre en Venezuela generará desabastecimiento de pescado fresco en el mercado nacional, pérdida de empleos y la caída de este sector, el cual ya ha registrado un decrecimiento en los últimos años".

Manifestó que la pesca de arrastre es una actividad que cuenta actualmente con una flota de casi 270 embarcaciones, cuya producción es de 4 millones de toneladas y un comercio de aproximadamente 8 mil millones de dólares, por lo que no puede ser desestimada esta actividad productiva.

De acuerdo con cifras de Fenapesca, la participación de la pesca de arrastre en el mercado en fresco varía de 40% en los sectores A, B y C, hasta 65% en los sectores D y E.

El presidente de la Asociación Oriental de Armadores de la Pesca de Arrastre (Asopesca), Salvador Passanisi, desestimó que 70% de la producción de pescado en el país corresponda a la actividad artesanal, como aseguró Insopesca.

Explicó que la pesca de arrastre representa 30% de la producción nacional, los atuneros proveen 35%, y pargo-mero equivale a 10%, mientras que 25% restantes corresponden a los pescadores artesanales.

Passanisi resaltó que en 2007 las 23 embarcaciones de la entidad descargaron 2.779.000 kilos del producto, de los cuales 2.561.000 (92,2%) fue pescado popular: tajalí, cherechere, curbinata, gallina, jurel, cataco, raya y otros, reseñó El Tiempo.
Riesgo laboral

Fedecámaras estima que con la prohibición de la pesca de arrastre están en riesgo 14.000 puestos directos de trabajo y 16.000 empleos indirectos, resultando más afectados los pescadores de Anzoátegui, Sucre y Falcón.

También se perjudicará a más de 10 astilleros que atienden en su mayoría a embarcaciones de arrastre y los 500 caveros que viven de la comercialización de estos productos.

"Vemos con preocupación una vez más cómo se atenta contra el aparato productivo nacional. Se observa cómo se pretende imponer lo que ya la población rechazó el 2 de diciembre", afirmó José Manuel González.

En cuanto a las sanciones, Fedecámaras cuestionó que la Ley de Pesca establece multas de hasta 10.000 Unidades Tributarias, "obliga a entregar 5% de la captura sin recibir el justo valor y sin tomar en cuenta que si un barco pesca una cantidad insuficiente para pagar gastos. Esto adicional a 1,5% del Débito Bancario, el sector estaría pagando 6,5% en impuestos.

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