Grave daño ambiental y económico es el que los acuicultores y pequeños pescadores de este puerto que viven cerca de Guadalupe Victoria resienten desde hace unas semanas debido al taponamiento de uno de los canales que abastece de agua de poca salinidad a las unidades de producción acuícola, destacó el informativo digital Ocho Columnas .

 

 

La producción de camarón en las granjas productoras de este rico crustáceo, a la que también se dedican los pequeños pescadores de septiembre a abril de cada año, se pone en riesgo, pues existe el peligro de que los graves daños ambientales que ya se registran tengan un efecto irreversible.

A pesar de que esta actividad tiene una enorme importancia económica para Nayarit y particularmente en este municipio costero, de acuerdo a cifras del INEGI en 2006 se obtuvieron 6 mil 847 toneladas de camarón, con una derrama económica estimada en 204 millones 587 mil pesos, sin embargo esta producción puede caer al cierre de 2008.

Y es que aunque en Guadalupe Victoria en apariencia nadie sabe quién mandó tapar de manera deliberada el paso natural de agua por temor a las represalias, las autoridades de Pesca y otras como las del Medio Ambiente siguen brillando por su ausencia. Tan sólo en el programa de ordenamiento pesquero de la Semarnat, denominado «Logros y retos para el desarrollo sustentable», se contempla a la actividad camaronícola como una política prioritaria que para su desarrollo propone acciones de mediano plazo a fin de aprovechar mejor los recursos pesqueros de la entidad, basado en una evaluación científica que asegura que esta actividad económica se mantenga como generadora de empleo permanente. Como componente de esta política federal, la Semarnat desde el año 2000 prevé el retiro de tapos de lagunas, aguas interiores y canales así como el desarrollo de una política ambiental, entre otras medidas. Sin embargo, a juzgar por lo que sucede realmente cerca de Guadalupe Victoria, estas acciones sólo han quedado en buenos propósitos que algunos no cumplen, a lo que se suma la falta de vigilancia por parte de las autoridades federales para hacer valer la ley y garantizar el orden en esta actividad.