Se implementarán nuevas leyes para ordenar las normas vigentes que regulan la acuicultura, debido a que esta situación ha generado que no se implementen nuevas áreas para la acuicultura marina.

 

La industria se queja por el estado caótico de la industria, desde que el Gobierno intervino en el 2001, por el temor de que las granjas marinas puedan afectar el ambiente acuático.

Una moratoria de solicitudes entre el 2001 y 2004 fue levantado en el 2005, con la intención de que las solicitudes solo podrían presentarse para las áreas de gestión designadas.

El Ministro de Ambiente, David Benson-Pope, dijo el año pasado que la Corte Ambiental revisa seriamente los impactos sobre los principales elementos de la legislación, como la creación de áreas de gestión, evaluando los efectos sobre la pesca y los cambios en los planes privados.

Un comité selecto, con respecto a la publicación del Ministerio de Pesca, indicó que la acuicultura podría expandirse de $300 millones a $1.0 billón, siempre y cuando enfrente sus principales desafíos.

Fuente: The New Zealand Herald