PUNTA ARENAS (Ecoceanos News).- Hasta la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, recurrirá el Senador (PS) Pedro Muñoz para conseguir el patrocinio para el Proyecto de Ley que busca decretar una moratoria a la entrega de concesiones y autorizaciones de acuicultura en la Región de Magallanes, por un plazo de tres años.

 

La iniciativa legal señala que “en los últimos meses, la irrupción del virus ISA en algunos centros de cultivo de las regiones de Los Lagos y Aysén, -y también Magallanes- ha motivado a los productores cuantiosas pérdidas económicas y dificultades en los mercados de destino. Para precaverse de sus efectos, éstos han comenzado a buscar nuevas locaciones, encontrando importantes potencialidades en la Región de Magallanes, particularmente por la existencia de aguas interiores que facilitan su desarrollo”.

Según el texto, en la XII Región existen 1.249 solicitudes de nuevas concesiones y se han otorgado ya 89, de las cuales 19 se hallan en funcionamiento.

Esta situación, -agrega el Proyecto de Ley- “ha preocupado a las autoridades locales, encontrándose el Gobierno Regional trabajando en conjunto con la FAO, con el objeto de establecer un Plan Regulatorio que permita compatibilizar la acuicultura con las particulares condiciones naturales, paisajísticas y ambientales de la Patagonia, imprescindible para proteger la actividad turística y el desarrollo de la pesca artesanal”.

”El objeto de optimizar los resultados de este esfuerzo y evitar situaciones como las que se suscitaron en otras regiones, resultaría conveniente complementar aquél estudio con la suspensión temporal del otorgamiento de nuevas concesiones. Un plazo prudente para ello serían tres años, lo que obliga a avanzar rápidamente en su implementación”, demanda el documento.

Si bien el Senador Muñoz destacó como positivo el rol de la Oficina de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en este proceso, advirtió que los protocolos de acuerdos propuestos no pueden remitirse a tener un carácter voluntario, sino que ir acompañados de una nueva legislación que sancione determinadas infracciones.

APOYO CIUDADANO Y EMPRESARIAL
En entrevista con Ecoceanos News, el Senador Pedro Muñoz dijo que “recogí el clamor de todos los sectores de Magallanes, de una serie de intervenciones expuestas en el reciente seminario sobre salmonicultura que se realizó en Punta Arenas, y que como todavía no está lista la zonificación regional del uso borde costero, pedían una moratoria para la entrega de concesiones y autorizaciones acuícola. Por eso me atreví a presentar este proyecto de ley, y he pedido el patrocinio del Gobierno”.

En efecto, sectores de grandes empresarios locales, operarios del turismo, pescadores artesanales, comunidades costeras, autoridades comunales y parlamentarias han manifestado públicamente su adhesión a esta demanda, que hoy se expresa por primera vez en un Proyecto de Ley.

La iniciativa fue declarada inadmisible por el Senado, por requerir del patrocinio del Ejecutivo. Pedro Muñoz informó que se reunirá próximamente con el Ministro de Economía, Hugo Lavados, pero admitió que no es muy optimista en cuanto a conseguir su apoyo, por lo que recurrirá a la Presidenta de la República, Michelle Bachelet.

Paralelo al Proyecto de Ley, la diputada (DC) Carolina Goic ha propuesto generar un acuerdo entre todos los sectores en el corto plazo para detener la entrega de concesiones de acuicultura en la Región de Magallanes.

Al respecto, el Senador por la Región de Magallanes y la Antártica Chilena se mostró poco confiado en que exista la voluntad política para tales fines. “No creo que sea fácil buscar un acuerdo, sino es por intermedio de una ley”. A juicio de Muñoz, la piedra de tope para avanzar en un acuerdo de “moratoria salmonera” en Magallanes está en la "Subsecretaría de Pesca, en el Ministerio de Economía, y obviamente en los industriales del salmón".

IMPACTOS DE LA SALMONICULTURA INTENSIVA
Entre las externalidades negativas de la producción intensiva de salmón, el Proyecto de Ley asegura que “afecta al turismo, con la de pérdida de atractivo, contaminación y dificultades de acceso a algunos lugares lo que se ve agravado cuando se trata de entornos que se caracterizan por su naturaleza virgen”.

Asimismo, “otras actividades extractivas, como la pesca artesanal, son puestas en riesgo, tanto por la superposición de solicitudes de áreas de manejo con las concesiones, por el tránsito de embarcaciones, por los peligros derivados de la contaminación de las jaulas y del entorno y por las consecuencias de la destrucción de éstas y la voracidad del salmón en otras especies”.

Al respecto, el Senador socialista dijo que “tomando como ejemplo las regiones de Los Lagos y Aysén, los salmoneros están contaminando porque no han tomado los resguardos necesarios como se hace por ejemplo en Noruega, situación que afecta a una actividad tan importante como es el turismo”.

El documento legal destaca además que “en nuestro país, se ha revelado como otro aspecto negativo las relaciones laborales, constatándose prácticas empresariales con frecuentes y graves violaciones a los derechos laborales en materias tales como prácticas antisindicales, higiene y seguridad y cumplimiento de los contratos individuales y colectivos”.

Además, “diversos estudios demuestran que el nivel de remuneraciones no se ajusta a los ingresos y crecimiento de la industria, resultando, por ello, cuestionada la rentabilidad social de la actividad”.

Pedro Muñoz sostuvo que “la historia nos demuestra que las condiciones de trabajo en las empresas salmoneras no son de las mejores. Se registran gran cantidad de accidentes de trabajo, y de fallecimientos, producto que los buzos realizan sus labores en forma inadecuada sin las condiciones mínimas de seguridad”

Junto con señalar que “las remuneraciones de los trabajadores no están acorde con el gran negocio que es la exportación de los salmones”, el legislador afirmó que “dudo que la industria salmonera genere una gran cantidad de trabajo, porque los antecedentes que manejo indican que van a mantener sus plantas faenadoras en la X región, y los centros acuicolas contratan poca gente”.

El Proyecto de Ley concluye que “tales externalidades se agudizan cuando, como el caso de nuestro país, la acuicultura se desarrolla en un precario marco normativo tanto en el ordenamiento territorial como en la protección bio-sanitaria. La experiencia de las regiones X y XI demuestra esta aseveración, manifestándose en ellas las consecuencias de una normativa que se dictó, en su mayor parte, en forma extemporánea respecto del auge de la salmonicultura”.

Fuente: http://www.ecoceanos.cl