Santiago (ABC). Los dos proyectos supondrán un importante impacto socioeconómico, tanto para el municipio de Porto do Son como para el de Carnota, y, en un principio, cuentan con nuestro apoyo y con el del gobierno de Galicia, ya que los consideramos de interés para el conjunto de la población».

 

El parlamentario socialista José Manuel Lage Tuñas, conocedor de la decisión de presentar alegaciones contra las dos granjas de Stolt Sea Farm, condicionó el respaldo del bipartito gallego a estas plantas de engorde de peces planos a «la ausencia de impedimentos legales de algún organismo, como puede ser Costas o Patrimonio». Y, explicó que si no se ha puesto en contacto con los vecinos afectados, «ha sido porque no han solicitado una reunión, simplemente, porque yo no tengo inconveniente alguno en entrevistarme con ellos y respeto su posición sobre el tema».

Fuera del círculo político, el ambiente es tenso. La plataforma constituida en Quilmas, que se opone a la ampliación de la granja de rodaballo, envió una carta a la conselleira de Pesca, Carmen Gallego, para que remita al ayuntamiento toda la documentación relativa al plan acuícola. El portavoz, José Manuel Casais, sostuvo que los terrenos están afectados parcialmente por la Red Natura y añadió que «incluso la propia Xunta de Galicia lo reconoce en sus informes».

En Porto do Son, insistieron en que «su» piscifactoría será visible desde el Castro de Baroña (los terrenos están situados a unos cuatrocientos metros), pese a que la empresa asegure que no afectará al entorno paisajístico de ese monumento. Los damnificados remitieron escritos a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y al director xeral de Patrimonio, Felipe Arias, para que desaprueben esta ubicación «por la violación paisajística y el brutal impacto ambiental». El plazo para reclamar finaliza el próximo 2 de abril.

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