Por: Francisco Pinto*
Chile

La grave crisis por la que atraviesa la salmonicultura en Chile, cuya expresión más dramática es la epidemia de virus ISA, ha generado enorme preocupación en diversas instancias, tanto en el ámbito público como privado. Entre las declaraciones más recientes, el Ministro de Economía, Hugo Lavados, señaló que las pérdidas económicas en la industria salmonera asociadas al ISA ascienden a los US$65 millones, sosteniendo además que “las empresas han dedicado demasiada energía en sacarse el pillo”, cuando lo importante es generar un trabajo conjunto para identificar las principales causantes que generan la transmisión del virus.

 

Además, el secretario de Estado hizo un llamado de atención a la industria en lo relativo a  incorporar mayor conocimiento, indicando que “no parece muy razonable que un sector que en su conjunto vende del orden del US$2.000 millones no tuviera un porcentaje de sus ingresos para actividades de investigación aplicada a resolver problemas”.

Días antes, en sintonía con el ministro Lavados, Víctor Hugo Puchi, destacado empresario del sector y representante de la asociación gremial SalmonChile, reconoció que “el mensaje que nos mandó la naturaleza con las enfermedades me lleva a preguntarme si es el momento de ordenar lo que tenemos y tener un crecimiento más sustentable en el tiempo”. Esto, en contraste con declaraciones efectuadas a comienzos de año por el presidente de SalmonChile, César Barros, quien con una visión bastante complaciente con el sector, indicó que no hacía ningún mea culpa frente a los conflictos ambientales y laborales de la industria.

Resulta altamente valorable que el Ministro de Economía señale públicamente que existe una responsabilidad directa de las empresas en la actual crisis sanitaria y en sus graves consecuencias. Sin embargo, es necesario señalar que el gobierno debiera jugar un rol protagónico frente a esta problemática. En efecto, la promoción de la acuicultura sin una adecuada regulación y una fiscalización rigurosa, como ha ocurrido hasta ahora, no puede tener otro resultado que lo que está sucediendo actualmente en el sector: abandono de sitios infectados por ISA y despidos masivos de trabajadores. Una vez más queda en evidencia que no es prudente dejar en manos de privados decisiones claves que atañen a sectores productivos, y que se hace indispensable que el gobierno central entregue un marco regulatorio con estándares adecuados, fiscalizables y acorde con el tamaño de la industria.

Es de esperar que la autoridad aprenda de los errores que vemos hoy y tome conciencia de que los actuales problemas ocurren por “impulsar la acuicultura como sea”, como señaló en su momento un antecesor del Ministro Lavados.

*Economista, Coordinador del Programa de Recursos Naturales
Fundación Terram