VALPARAÍSO (Ecoceanos).- Considerando que “aunque el plan de manejo y uso de antibióticos anunciado por el segundo reporte del Grupo de Trabajo sobre Salmonicultura (GTS) es un paso adelante en materia de bioseguridad pesquera, es un paso tardío, que de haberse dado antes pudo haber evitado una serie de problemas al medio ambiente y al país en el exterior” el senador Alejandro Navarro dijo que “también eso obliga adoptar medidas legales y administrativas que permitan establecer un control de los antibióticos desde su ingreso al país, empezando por diferenciar los destinados al uso animal y aquellos que se utilizan para especies de consumo humano”.   

 

El legislador dijo que “además, llama la atención la confesión con que empieza este segundo informe del GTS, al asumir que no existía un catastro del conjunto de las concesiones de salmonicultura otorgadas, operando y solicitadas en cada una de las regiones, para lo cual se explicita el compromiso de entregar del listado de concesiones operando y solicitadas, con sus respectivas ubicaciones, a más tardar el 30 de septiembre de este año”.

“Más llamativo aún -prosiguió- y considerando que quien encabeza el GTS fue un reciente Subsecretario de Pesca, es que el mismo informe reconozca que debido al procedimiento de asignación de las concesiones y las revisiones que se realizan de ellas, los solicitantes postulan a un número muy alto, sabiendo que habrá un gran rechazo, otorgándose en promedio sólo un cuarto de las solicitudes. Es decir que el sistema funciona, tanto por parte de los solicitantes como de la autoridad, con la lógica del tejo pasado, lo que no parece coherente con un política pública clara en esta materia”.

Navarro señaló que “también nos parece que es un poco pretencioso asumir como un logro la publicación, el pasado 21 de julio, de la Resolución 1.803 de Sernapesca, que establece medidas adicionales, para esta temporada, de protección y control para evitar la introducción de enfermedades de alto riesgo a través de ovas de salmón, en especial las relativas a la enfermedad del páncreas y el ISA. Tal como en el caso de los antibióticos, esta es una medida correcta, pero que se debió haber adoptado al inicio del desarrollo de la industria salmonera y no esperar a que el virus afectara los cultivos, especialmente cuando subsisten dudas respecto a si el virus ISA se desarrolló en nuestro país o llegó ya activado en ovas importadas.”

“En esa misma línea -agregó- parece una medida absolutamente necesaria y lógica la modificación de los reglamentos ambientales y sanitarios, de manera de establecer parámetros claros, no sólo pensando en la internación de ovas, sino también respecto a la definición de parámetros a controlar y sus niveles de aceptabilidad que deberán cumplir las concesiones que producen salmones. En este sentido parece correcto el anuncio de la contratación de un estudio que entregue información sobre la situación ambiental de las mayores producciones salmoneras del período 2002-2007 en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes”.

El parlamentario dijo que “parece un notable mea culpa que se asuma que el desarrollo y crecimiento de la acuicultura y la salmonicultura no ha ido acompañado de un fortalecimiento de los organismos fiscalizadores, en especial Sernapesca, por lo cual lo mínimo esperable era que se anunciara que se incrementará su presupuesto y personal, especialmente para reforzar las tareas relacionadas con los temas sanitarios y medio ambientales. Y por cierto parece correcto que se implemente un sistema de información de la acuicultura que contenga los aspectos sanitarios, medio ambientales y de producción a tiempo real y de acceso público”.

“Lo anterior -añadió- , al igual que la creación de un sistema de certificación ambiental, era un aspecto clave para que los organismos públicos realizarán de manera adecuada la tarea fiscalizadora, para no depender de esa situación anómala que es hasta hoy, donde los informes ambientales los contratan y presentan las propias empresas dedicadas a la acuicultura”.

Finalmente, Navarro sostuvo que “el anuncio de realizar un proceso para determinar los cambios institucionales que debieran realizarse en materia de investigación en la acuicultura, de manera que sus resultados se aprovechen al máximo en la administración y regulación de la actividad y tenga resultados que se puedan aplicar en el sector, es una definición que todos compartimos, pero que no debiera limitarse a la salmonicultura sino que debiera ser parte de una decisión de desarrollar una política de investigación, real, en todo el ámbito pesquero, que nos permita contar con una institución pública que haga investigación, de manera de contar con información científica que permita conservar la biomasa pesquera”.

Fuente: http://www.ecoceanos.cl