(Europa Press).- El BNG actuará contra la implantación de aquellas piscifactorías previstas en el Plan Galego de Acuicultura que sean "agresivas" para su entorno debido a su impacto productivo y paisajístico, con el fin de lograr una "modificación sustancial" en la tramitación individual de cada planta incluida en esta iniciativa de la Xunta.

 

El portavoz de Pesca de esta formación, Bieito Lobeira, señaló que la medida es "manifiestamente mejorable" e insistió en que "la batalla no está terminada". No obstante, admitió un "cambio al respecto de lo que había antes" en el plan aprobado la semana pasada por el Consello de la Xunta frente a la "política corrupta del PP" y aseguró que no apoyará a los 'populares' gallegos, a los que acusó de actuar como "agente comercial" de las empresas acuícolas.

En rueda de prensa, Lobeira avanzó que el Bloque "evaluará" la riqueza y los empleos que generen cada uno de los parques acuícolas y promoverá actuaciones a través de los organismos gestionados por conselleiros nacionalistas. En concreto, se refirió a las direccións xerais de Turismo --Consellería de Innovación e Industria-- o Patrimonio --Cultura-- y a la Consellería de Medio Rural.

Pese a admitir que su formación no se opone al desarrollo de la acuicultura en Galicia, negó ser "el padre de esta criatura" --Plan Galego de Acuicultura-- y recordó las iniciativas promovidas por el BNG para impedir "política", "social" e "institucionalmente" la aprobación del proyecto al que dio luz verde el Consello de la Xunta el 28 de agosto, pese al rechazo de los representantes nacionalistas.

A este respecto, atribuyó al esfuerzo del Bloque la reducción aplicada de las plantas de Orelluda (Oia, Pontevedra) --que en un principio iba a contar con 75.000 metros cuadrados y finalmente tendrá 47.000--; Couso-Aguiño (Ribeira, A Coruña); la rebaja del 80 por ciento de Seráns (Porto do Son, A Coruña); y la eliminación de la de Ardía (O Grove, Pontevedra). Todos estos proyectos estaban previstos en el primer borrador del plan presentado el verano pasado.

En esta línea, reiteró que la formación frentista defenderá la "supresión" de las plantas de Mougás (Oia, Pontevedra), Xandriña y Camelle (Camariñas, A Coruña), así como la reducción "sustancial" de Merexo (Muxía, A Coruña), donde sí aceptaría instalar una 'hatchery' --criadero de alevines de peces planos--.

El BNG también instará a realizar "varios retoques" en otros proyectos que, a su juicio, afectan a la riqueza patrimonial y otros usos productivos del contexto en el que se prevén emplazar.

50% fondos FEP

El diputado nacionalista señaló que los proyectos acuícolas acapararán el 50 por ciento de las aportaciones del Fondo Europeo de Pesca (FEP) correspondiente al periodo 2007-2013 y, por ello, calificó las subvenciones de la Unión Europea de ayudas "envenenadas". Así, aclaró que esa partida sólo podrá invertirse en el desarrollo de la piscicultura y apuntó que la UE no reconoce como actividad acuícola el cultivo de mejillón o la extracción de percebe.

Lobeira cargó contra la política comunitaria por considerar que Galicia no puede establecer como "única prioridad" la creación de piscifactorías y abandonar su posición de "potencia pesquera y marisquera".

No obstante, destacó que los FEP incentivan el desguace y abandono de la pesca. Por ello, avogó por "modificar las prioridades políticas y presupuestarias". A este respecto, matizó que el sector acuícola "no es el más débil" de la comunidad.

Aspectos positivos

Entre las "novedades" que el BNG percibió en el presente plan, figura la convocatoria de un concurso público para la adjudicación de los proyectos a cada empresa que aspire a la explotación de una planta. Además, destacó que el suelo en el que se instalarán las piscifactorías continuará siendo público, dado que las firmas obtendrán una concesión para un periodo limitado de tiempo.

Con respecto a la situación denunciada en los últimos días por colectivos ecologistas sobre la supuesta situación ilegal de 26 piscifactorías del litoral gallego que no tendrían permiso de vertido, Lobeira consideró que se remonta al Gobierno del PPdeG y una "forma anárquica" de aprobar las concesiones.

Muchas de ellas, según añadió, invaden el dominio público marítimo-terrestre. En esta línea, instó a la Consellería de Medio Ambiente a que "tomara en serio este tipo de cuestiones".