Puerto Montt (Ecoceans News). La Subsecretaría de Marina estaría recibiendo “fuertes presiones” para revertir la medida de caducidad aplicada a la concesión marítima del centro de crianza de salmones que la compañía Aguas Claras mantiene en forma ilegal en el sector de Punta Serapio, en el estuario de Reloncaví. Esto luego que representantes de la empresa y de SalmonChile hayan realizado diversas gestiones para tratar de explicar esta irregular situación.

 

Esto ocurre además en momentos en que los empresarios salmoneros, temerosos de una real fiscalización que descubra muchos otros centros de cultivo que estarían con algún grado de ilegalidad, pretendan adecuar la Ley que rige estas concesiones a los intereses de los industriales salmoneros.

Esta situación se discutirá hoy en el Parlamento, donde la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados invitó a la Subsecretaria de Marina, Carolina Echeverría, y al Presidente de SalmónChile, Carlos Vial para analizar “las reformas legislativas que serían necesarias para perfeccionar la normativa que rige a dicho sector productivo”.

Todo indica que sectores del Estado, junto con los regulados, planean conducir un proceso de ordenamiento del borde costero, sin afectar el negocio, ni la imagen de las compañías acuícolas. Con esto además ganarían tiempo para que regularicen las situaciones de ilegalidad, ya que serían varias las balsas jaulas que operarían en concesiones por sobre de los límites autorizados por la Subsecretaría de Pesca.

En diciembre de 2006 la Subsecretaría de Marina caduco la concesión marítima del centro de cultivo de salmones que Aguas Claras mantiene en Punta Serapio, y ahora el dictamen está siendo analizado por la Contraloría General de la República que no tiene una fecha definida para dar a conocer su parecer.

EFECTO DOMINO DE SALMONERAS ILEGALES
Remigio Gutiérrez, del Sindicato de Pescadores Artesanales de Cochamó, denunció que “Aguas Claras tiene otros centros de cultivos de salmones ilegales en el Estuario de Reloncaví”. Y de hacerse efectiva la medida de la Subsecretaría de Marina, “se producirá un efecto dominó para las empresas salmoneras (…) se supone que tendrían que dictar el mismo decreto a los otros centros ilegales. La industria del salmón le tienen miedo a ese efecto”.

En tanto, el Concejal de Cochamó, René Videla Pérez, dijo a Ecoceanos News que “SalmonChile fue a la Subsecretaría de Marina a presionar para que quede sin efecto la resolución de caducidad a Aguas Claras. Jorge Vives, ex Intendente de la Región de Los Lagos está a la cabeza del staff de abogados”.

Videla agregó que “el viernes pasado, el diputado Vallespín se reunió con dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la empresa Aguas Claras en la Escuela Fronteriza de Cochamó y estuvo presente el concejal demócrata cristiano Mario Muñoz Delgado”.

Gutiérrez afirmó que teme que la Contraloría General de la República no ratifique el decreto de la autoridad marítima, debido a las presiones que estaría recibiendo el organismo fiscalizador “de personeros políticos de oposición y de la Democracia Cristiana, de la misma empresa y de su staff de abogados”.

En efecto, si bien la infracción a la compañía salmonera, que fue posible debido a las constantes denuncias de los pescadores de Cochamó, marca un precedente, es un “mero acto administrativo”, puesto que la Contraloría debe tomar razón o no, respecto de la conveniencia jurídica del decreto. Luego, se le informa a la empresa, la cual si no queda conforme puede apelar ante la Ministerio de Defensa y después ante los tribunales de justicia.

Es decir, Agua Claras tiene la concesión acuícola vigente y puede seguir operando pese a la ilegalidad detectada por la Subsecretaría de Marina.

POR AÑOS ILEGAL
La situación es aún más grave puesto que la Directemar ya había constatado la ilegalidad de la salmonera. Un certificado emitido por la Capitanía de puerto de Puerto Montt el 4 de diciembre de 2006, a solicitud de los pescadores artesanales de Cochamó, señala que “esta Autoridad Marítima realizó una denuncia ante el Sr. Juez del Juzgado Civil de Puerto Montt, con fecha 25 de Noviembre de 2004, relacionada con ocupación ilegal de mayor superficie de porción de agua y fondo de mar en Punta Serapio, comuna de Cochamó, en contra de la empresa Aguas Claras”.

Sin embargo “a la fecha no se ha recibido respuesta del Juzgado antes señalado. Cabe señalar que la citada empresa continúa haciendo ocupación ilegal en el sector”.

La Armada informó de esta ilegalidad salmonera al Consejo de Defensa del Estado (CDE) y al Juzgado Civil de Puerto Montt, los cuales se han mantenido al margen del caso.

René Videla Pérez denunció que “recientemente la empresa Aguas Claras movió las balsa jaulas a 500 metros de la ubicación ilegal. Esa concesión, que fue caducada por incumplimiento de reglamento y leyes, estaba autorizaba para producir 500 toneladas de salmones, pero produjeron alrededor de 5.800 en esta temporada de cosecha que terminó en el mes de febrero”.

AGUAS CLARAS Y SU LOBBY EN EL CONGRESO
El Concejal Videla fue quien denunció a la Subsecretaría de Marina en agosto de 2006 las ilegalidades cometidas por la empresa Aguas Claras, por operar fuera del área concesionada y ocupar 20 hectáreas más de lo permitido.

El Concejal expuso el caso al presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Leal, a través de una carta, en la cual denuncia que “empleados de la empresa han estado utilizando presiones y amenazas en forma constante a pescadores artesanales y culpándonos a nosotros de lo resuelto por la Subsecretaría de Marina, a fin de esconder el mal proceder de esta empresa que por varios años ha estado ocupando espacios en forma ilegal, contaminando con sobrecargas orgánicas y sobreproducción y sin cancelar los impuestos correspondientes al mayor espacio” que están ocupando.

El dirigente de los pescadores de Cochamó Remigio Gutiérrez ratificó las amenazas denunciadas por el Concejal. “Son 20 operarios de Aguas Claras que quedarían sin trabajo y ha habido una presión y un roce bastante fuerte con los dirigentes de la pesca artesanal”. Incluso aseguró, ha habido “amenazas de quema de casas”.   

En la carta enviada al presidente de la Cámara de Diputados, René Videla informa que “sabemos extraoficialmente que el 7 de marzo utilizarán a los Sindicato de Trabajadores para presionar a la Subsecretaría de Marina a fin de revocar la resolución de caducidad, lo cual es más grave ya que aún no han dado cumplimiento y mantienen todas las instalaciones en el sector”
 
El concejal maneja un centro de cultivo de mitílidos, que asegura se ha visto afectado por las instalaciones ilegales salmoneras de Aguas Claras en Cochamó. “Los daños actualmente ascienden a uno $ 152 millones de pesos, cantidad que para ellos es pequeña si se considera los más de US$ 9 millones que obtienen como utilidades solamente en ese centro”, reza la carta dirigida al diputado Leal.   

“Espero que la Cámara de Diputados vea la otra cara de la moneda, no solo se queden con la versión de los salmoneros y escuchen la otra parte que están atropellando”, añadió la autoridad local al explicar el objetivo de la misiva.

Al respecto, el diputado (PS) Fidel Espinoza dijo “hemos sido testigos en los últimos días de cómo una empresa salmonera que ha sido caducada su concesión por parte de la Subsecretaría de Marina producto que estuvieron produciendo ilegalmente salmones por más varios años. La empresa está utilizando a los trabajadores para reclamar el cierre de planta, como diciendo que con esta medida se genera cesantía. Pero en definitiva lo que han hecho es violar sistemáticamente las leyes nacionales”.

Fuente: http://www.ecoceanos.cl