GUAYAQUIL (El Comercio).- El inicio de un censo camaronero y la firma de un decreto para regularizar a 45 mil  hectáreas de camarón, que operan sin los permisos correspondientes, genera malestar.

 

El primer roce se dio ayer en el X Congreso Ecuatoriano de Acuicultura, Aquaexpo, que se desarrolla en el Centro de Convenciones de Guayaquil.  Ahí  estaba previsto que la  Dirección General de la Marina Mercante (Digmer) anuncie oficialmente, en una rueda de prensa,  el censo.

 Pero se suspendió y se  realizó  en sus oficinas en Malecón y Juan Illingworth. Ahí explicaron que el censo se desarrollará entre  el 10 de de este mes y 9 de noviembre.

“La medida será una herramienta para el decreto que buscará regularizar un grupo del sector camaronero que en el  momento es informal”, explicó el subsecretario de Gestión Ambiental Costera, Manfred Altamirano.

Se trata de 45 mil  de 175 mil  hectáreas que no tienen permiso legal de funcionamiento. El decreto todavía sigue en análisis.

César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), reconoció que es un proceso necesario. Dijo que hay una cantidad importante de productores pequeños y medianos que producen hace 20 años y que no están regulados ni alineados con lo que establecen  las leyes. “Esta semana tenemos una reunión con el Gobierno para analizar los parámetros que entrarán en el Decreto y tratar de que sea positivo para el sector”.

Para la ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, la regularización es una orden del presidente Rafael Correa,  ya que luego de varios meses de trabajo se llegó a la conclusión de que hay camaroneras asentadas en lugares sin permiso. Todas aquellas que se hayan asentado desde 1999 hasta la fecha no serán legalizadas. Y   se van a sancionar  para ejemplarizar a las que se instalaron en zonas donde había manglar”.

Dentro de los lineamientos del decreto nacional que emitiría el presidente Rafael Correa, para la regularización de ese sector contemplará el pago de los impuestos, el uso de playa y bahía  y la reforestación de manglar, explicó Altamirano.

También “se está analizando si ha existido evasión tributaria y violación de leyes ambientales”.

De esa manera, en el proceso de regularización, los camaroneros no legalizados tendrían que asumir dichos rubros.

La intención de este censo es lograr el levantamiento de una base de datos única y  completa para facilitar la asignación de combustible a las camaroneras, dijo el capitán de fragata, Rafael Cabello, jefe del Plan de Soberanía Energética de la Digmer.

Mientras tanto,  ayer iniciaron las conferencias sobre nutrición y mejoras en las cadenas de alimentación del crustáceo. Para hoy se tiene previsto debatir sobre el marco legal de la maricultura y la acuicultura de mar abierto.

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