De acuerdo con el Universo , las reformas al Reglamento de Ley de Pesca contempladas en el reciente decreto expedido para regularizar la actividad camaronera, prohíben el otorgamiento de nuevas concesiones para ejercer la acuicultura. Actualmente hay 175.748,55 hectáreas ocupadas en el país.

 

Según el documento suscrito el pasado 15 de octubre por el Jefe de Estado, la reforma se adoptó tras detectarse que “existen personas naturales y jurídicas que, habiendo obtenido una concesión, han ocupado sin autorización áreas en mayor extensión a las concedidas”; y otras que nunca obtuvieron concesiones, pero explotan esas áreas desde 1990.

Una vez que entre en vigencia el decreto, quienes están en esta situación deberán, en un plazo de 90 días, solicitar la regularización de esas ocupaciones, reforestar manglar en un año y pagar, por haber ocupado ilegalmente los terrenos, en dos meses contados desde que la Autoridad Marítima les notifique (la tasa por ocupar esas áreas subió a $ 25 por ha).

El Ministerio del Ambiente y la Autoridad Marítima aprobarán las áreas a reforestar y vigilarán su cumplimiento.

Quienes posean camaroneras en áreas adjudicadas por el extinto Ierac o el Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (INDA) también tendrán que ajustarse. El texto dispone al director del INDA declarar “la nulidad” de esos procesos tomando como base el año 1977, pues estas entidades “no podían dar zonas de playa y bahía, ni manglares”, indica.

Estos adjudicatarios podrán regularizarse en un plazo de 90 días desde la declaratoria de nulidad ante la Subsecretaría de Acuacultura, para obtener el correspondiente acuerdo interministerial de concesión.

Logrado esto, tendrán un año para conseguir el permiso de la Autoridad Ambiental; de lo contrario, esas tierras serán revertidas al Estado.

Respecto al decreto, César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CNA), explicó que la prohibición de nuevas concesiones no es nueva, pues desde 1999 no se otorgan al sector.

La tarde de ayer, este gremio se reunió para analizar a profundidad el texto. Sin embargo, Monge anticipó que elevar la tasa a $ 25 por ha “no tiene mucho sentido en una época en que el principal mercado del producto enfrenta una crisis”.

De acuerdo con la nota de prensa de la Camara Nacional de Acuacultura (CNA) el sector acuícola nacional pide públicamente al Estado ecuatoriano defender el trabajo de miles de familias que viven de esta dinámica actividad productiva,  evitando la ejecución de una guerra civil declarada en contra de la producción nacional. El sector productivo solicita una vez más, que el Vice Ministro de Comercio Exterior, Eduardo Egas, respete la decisión del Presidente Rafael Correa, y cumpla con la derogatoria del convenio de cooperación con quien ahora anuncia su rechazo público en contra del Presidente y anticipa medidas de hecho en contra de los productores camaroneros del país.  


MANIFIESTO DE LOS PUEBLOS ANCESTRALES DEL ECOSISTEMA MANGLAR CONTRA LA REGULARIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL CAMARÓN EN CAUTIVERIO   

Los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar del Ecuador reunidos en Muisne, Esmeraldas el día 18 de octubre del año2008, indignados frente al Decreto Ejecutivo 1391 de regularización de la ilegal acuacultura industrial del camarón suscrito por el Presidente de la República del Ecuador Rafael Correa Delgado y los Ministros: Miguel Carvajal Aguirre, Ministro Encargado de Defensa Nacional; Doris Soliz Carrión, Ministra de Coordinación de Patrimonio Natural y Cultural; Walter Poveda Ricaurte, Ministro de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca, y Marcela Aguiñaga Vallejo, Ministra del Ambiente,

MANIFESTAMOS
Nuestro rechazo ante esta nueva violación a la legislación ecuatoriana, que históricamente ha protegido las zonas de playas y bahías en las que se encuentra el ecosistema manglar del cual dependemos directamente miles de familias de pescadores y recolectores artesanales.  

El ecosistema manglar es un bien nacional de uso público, patrimonio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, es un bien inembargable, imprescriptible e inalienable, es decir está fuera del comercio, sin embargo a través del decreto 1391 se privatizan estas áreas en beneficio del sector camaronero que ha venido usurpando y usufructuando ilegalmente este patrimonio y desplazando a los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar de su territorio que es su fuente de cultura, trabajo y soberanía alimentaria.   

El Decreto reconoce en forma expresa la ilegalidad en la que ha actuado la acuacultura industrial del camarón al ocupar bienes nacionales de uso público, sin embargo y violando las leyes, ordena su regularización.  

Los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar hemos sido víctimas constantes de violación de nuestros derechos humanos por parte de esta industria destructora, y hoy el gobierno premia su actuación. A pesar de que hemos demandado del gobierno de la Revolución Ciudadana la recuperación de nuestro territorio y las sanciones correspondientes a los infractores del manglar, se evidencia que su política sigue beneficiando a los mismos grupos de poder de siempre, como lo han hecho anteriores gobiernos y autoridades de turno.  

El propio Estado ha sancionado a cientos de empresarios camaroneros por tala de manglar y ahora el gobierno, de forma incoherente e ilegal procede a la legalización de estas empresas camaroneras.  

El proceso de certificación de camarón que está siendo impulsado por empresas privadas con el apoyo de ONGs internacionales, desconoce la legislación ecuatoriana y los delitos ambientales y sociales que ha causado esta actividad.  

Tomaremos las medidas necesarias para hacer valer nuestros derechos, para hacer conocer a toda la población sobre esta violación sistemática a nuestros derechos fundamentales.

Convocamos a la solidaridad de los pueblos y organizaciones del Ecuador para luchar por la integridad de nuestro patrimonio natural que es garantía de nuestra vida.  

Responsabilizamos al gobierno ecuatoriano por todos los conflictos sociales que se desaten, contra los pueblos del manglar a consecuencia de este Decreto que viola la seguridad jurídica del Ecuador.

EXIGIMOS

Que el gobierno de la Revolución Ciudadana actué conforme a derecho, respete la legislación ecuatoriana, respete los derechos de los Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar,  que también lo eligió, e inmediatamente derogue el Decreto 1391 y proceda a actuar con la ética que le corresponde a un gobierno del pueblo, recuperando este espacio público patrimonio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas, especialmente de los Pueblos, que reivindican sus Derechos Colectivos que constan en la Constitución de la República y en los Tratados Internacionales.  

Que la comunidad internacional se pronuncie en contra de todo intento de certificar a la acuacultura industrial del camarón.