(Ecuadorinmediato).- Con un Decreto Ejecutivo se busca regularizar a las industrias camaroneras, luego de que un informe emitido por el Centro de Investigación sobre los Recursos costeros (CLINSE) determinara en diciembre del año pasado que 44 642 hectáreas empleadas para esa actividad –alrededor del 30 por ciento– estaban en condición ilegal o irregular, informó la ministra coordinadora de Patrimonio Natural y Cultural, Doris Solís. El propósito final de esta medida, según dijo, es poner fin a la deforestación de manglares causado principalmente por esas industrias.

 

El informe entregado por la Dirección de la Marina Mercante (DIGMER) indica que unas camaroneras se habían extendido más allá de lo autorizado para realizar su actividad y otras “sencillamente se instalaron sin ninguna concesión ni acuerdo ministerial”, acotó la funcionaria.

Por ello, Doris Solís precisó que esas industrias tendrán que reforestar un área de 11 184 hectáreas de manglar. “Es un porcentaje que se ha puesto como una de las obligaciones para regularizarse. El objetivo del Decreto, por supuesto, no es frenar la actividad camaronera, pero sí lograr, primero, ordenarla y superar esta ilegalidad que se ha dado durante la última década”, señaló.

El problema se agudizó desde 1999, por lo que ahora el gobierno busca compensar a los recursos costeros con la reforestación parcial. “Los pequeños (camaroneros) van a tener que reforestar un 10%; los que llegan de 10 a 50 (hectáreas) van a reforestar el 20% y los que van de 50 hectáreas a 250% van a reforestar el 30%”.

Solís aseveró que el manglar sí logra recuperarse rápidamente, por lo que el Ministerio del Ambiente va a brindar apoyo y asistencia técnica a los camaroneros para las zonas de recuperación. Este problema se ha presentado porque “las competencias de ordenamiento y autorización del uso del manglar y los recursos costeros han estado dispersas”, refirió en entrevista para radio Sonorama.

Explicó que en la actualidad “hay una doble autorización entre (el Ministerio de) Defensa y el MAGAP (Ministerio de Agricultura), con la Subsecretaría de Acuacultura”, para el desarrollo de esa actividad, mientras el Ministerio de Ambiente, que a su criterio es la Cartera que debería participar con más fuerza en este tema, no tiene todas las competencias. Es así que “cero camaroneras tiene licencia ambiental, no hay camaroneras con licencia ambiental”.

La ministra Doris Solís manifestó que el sector camaronero está consciente de que es necesaria la regularización su actividad, el ordenamiento y la licencia ambiental. Quienes se dedican a esa actividad tendrán que pagar 25 dólares por hectárea empleada.

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