GUAYAQUIL (El Telégrafo).- Más de 11 mil hectáreas de manglar, ocupadas de forma ilegal por compañías camaroneras nacionales, deberán recuperarse en el plazo de un año.  El decreto 1391 fue emitido el pasado 15 de octubre por el presidente Rafael Correa.

 

La medida se estableció luego de un estudio realizado por el Centro de Levantamiento de Recursos Naturales por Censores Remotos, Clirsen, al 2007, que determina la existencia de 44.642 hectáreas de manglares sin acuerdos de concesión.

Adicionalmente revela que el trabajo que efectúan esas empresas afectó al 45% de las casi 270 mil hectáreas que existieron originalmente en Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Guayas, Manabí y Santa Elena. Además de un aceleramiento de la pérdida de la zona desde 1966, cuando se inició la actividad. En ese año se registraron más de 202 mil hectáreas, en tanto que en la actualidad este número se redujo a 148.230 has.

Con el decreto, las camaroneras deberán pagar un monto fijado de 25 dólares por hectárea con carácter retroactivo, en lugar de los US $ 2,40 que cancelaban desde 1999, por ubicarse en esa zona de forma irregular, indicó Doris Soliz, ministra de Patrimonio Cultural y Natural, quien preside la comisión que regulará la aplicación.

Soliz afirma que la medida no afectará a la actividad camaronera, ya que el Gobierno creará una línea de crédito específica para potenciar la actividad. “Si les afecta será en la medida en que deben pagar lo que durante una década no han pagado las aproximadamente 1.000 camaroneras que ocupan la zona”.

La comisión estará integrada por un representante del Ministerio Coordinador de La Producción; los Ministerios de Ambiente, Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuacultura, y Defensa (a través de DIGMER).

Según Manfred Altamirano, subsecretario de Marina Costera del Guayas, el decreto respondería a la importancia de la industria. “Es parte de la economía del país, entre otros argumentos de tipo social y económico”.

En ese sentido, advierte que solo entrarán en el proceso las camaroneras que se instalaron antes de 1999, las que se hayan situado posterior a esa fecha deberán retirarse. Además se excluirá a las que se hayan asentado en zonas protegidas antes de que sean nombradas como tal. Esto permitiría una recuperación de 5 mil hectáreas adicionales a las 11 mil planteadas en el decreto, “el país tendría la posibilidad de recuperar cerca de 16 mil hectáreas”, explica Altamirano.

Acota que las compañías interesadas en regularizar su asentamiento deberán presentar la documentación en un plazo de 3 meses.

César Monge, presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, está de acuerdo con la intención del Gobierno de formalizar la industria camaronera, ya que a su criterio el mediano y pequeño productor no se perfila como un ente ilegal; sin embargo, discrepa del proceso de reforestación que plantea el decreto. “Es mucho más productivo reforestar en áreas que actualmente no están en producción para no afectarlas y que por el contrario necesitan mayor ayuda por parte del Gobierno. Además es importante salvaguardar las plazas de trabajo”, indica.

Otro de los puntos de desacuerdo es el incremento en el pago por ocupación de playa y bahía de US$ 2,40 a 25. “Debemos revisar esa tasa y acordar un valor significativo”, cuestiona Monge.

Considera que estas medidas agravarán la situación por lo que se debe buscar un punto intermedio. El sector presentó, a inicios de diciembre, un documento al Ejecutivo, en el que propusieron una opción para que no se pare la producción a través de una concesión del Gobierno de un préstamo para realizar, por ejemplo, procesos de control sanitario.

Líder Góngora, presidente de la Coordinadora Nacional del Manglar, afirma que el decreto no sería la medida adecuada para fomentar un proceso de remediación ambiental, “el documento es ilegal porque ha faltado a la consulta a las comunidades. Del ecosistema del manglar dependemos más de un millón de personas que hacemos pesca de cangrejo y concha”.

Pese a que coincide con que varias industrias camaroneras se posesionaron ilegalmente des las zonas, Góngora cuestiona que, a través del decreto, se quiera legalizar su ubicación.

A esto agrega que en realidad no son 11 mil hectáreas las afectadas, sino más de 250 mil, puesto que la actividad camaronera se inició en el país en 1966 y no desde 1999 como dicta la normativa.

Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec