Por: Omar García
SANTA CRUZ DE LA PALMA (La Opinión).- El Ayuntamiento de Tijarafe ha remitido un amplio documento a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno canario en el que se recogen ocho sugerencias a modo de alegación dentro del trámite de consulta del Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (Proac), con alta presencia en la zona marítimo costera de esta localidad del Noroeste de La Palma.

El consistorio que preside Marcos Lorenzo se hace eco en las consideraciones remitidas al Ejecutivo canario de "la creciente preocupación de la sociedad palmera en general, y de la tijarafera en particular, ante la incertidumbre sobre los posibles efectos negativos medioambientales, paisajísticos y económicos del desarrollo de la actividad acuícola".

No sólo reclaman que se adopten soluciones técnicas viables que minimicen los posibles impactos generados por las ¬explotaciones acuícolas en la zona, sino que se insta a la Consejería a que, una vez vencido el plazo de las concesiones existentes, no se concedan otras dentro de la zona actualmente delimitada para tal fin y, en su lugar, se cree en ese espacio, desde ese momento, una Reserva Marina que facilite la recuperación de la biota marina originaria.

Estas alegaciones fueron aprobadas por el pleno, tras ser consultadas con diversos colectivos sociales, tanto de vecinos como de pescadores, en una clara oposición a la instalación de más jaulas marinas en el espacio marítimo que se sitúa frente a la costa tijarafera, tal y como ha autorizado el Gobierno con la aceptación de 100 estructuras flotantes para cultivar doradas, lubinas y otras especies. En esta zona ya hay 28 estructuras de este tipo, con una producción de 2.000 toneladas por año de doradas y lubinas, que aumentarán con la autorización de otras 4.000 toneladas con nuevos proyectos.

Sin información ambiental

Ya en 2005, un representante del Ayuntamiento de Tijarafe requirió en el seno de una de las sesiones de la Cotmac la información derivada del Programa de Vigilancia Ambiental, que según las condiciones de concesión están obligadas a realizar las empresas que explotan tales instalaciones. En la misma reunión se reconoció el derecho de la institución municipal a acceder a tales datos. Hasta la fecha no se ha producido la remisión de los mismos a la administración local. En 2007 se reiteró en varias ocasiones por parte del consistorio la solicitud de los informes del programa y se manifestó la preocupación por la ampliación de las explotaciones acuícolas, acompañando este escrito con fotografías tomadas bajo una de las concesiones existentes, donde se muestran los resultados de un manejo de la instalación, cuando menos, inadecuado.

Fuente: http://www.laopinion.es