Ecoceanos, Chile

“¿Ayudar a la salmonicultura hoy día…? Sí, porque es beneficioso para el país hacerlo. Pero en ningún caso ayudar sin condiciones que aseguren que sea el interés nacional el principal beneficiario y no la propia industria”. De esta manera, el economista José Vera Giusti se refirió al plan financiero gubernamental anunciado a fines del año pasado por la Presidente Bachelet en apoyo a la industria del salmón.

En entrevista con Ecoceanos News, el economista de la Universidad de Chile y con un Master en la Universidad de Boston precisó que “este apoyo no debe entregarse sin condiciones: En análisis estratégico, esta es una ocasión clásica de poder transformar un problema (el abuso histórico de la salmonicultura), en una oportunidad para la sociedad. Si el Gobierno no lo hace, es por torpeza, ignorancia, o por la influencia de los mismos grupos de poder que obtuvieron ventajas indebidas en el pasado”

Vera Giusti insistió en que “lo que no me parece razonable es que se entregue esta ayuda sin exigir a cambio medidas drásticas para reconvertir productivamente a la industria salmonera, de lejos una de las más contaminantes en el país”.

Afirmó además que “el verdadero culpable de validar la dilapidación de los recursos de todos sería el Gobierno, de no imponer condiciones mínimas para entregar una ayuda que se hace hoy necesaria, condiciones que aseguren que lo que se cautela es el interés público y no el interés corporativo”.

Para el economista “el Gobierno se ha farreado la oportunidad que le ha brindado la crisis al no exigir medidas adecuadas de protección ambiental y social a cambio de la ayuda financiera”, y con ello – en su opinión- poner fin “al monstruo ambiental que es hoy día la industria salmonera con su sistema de cultivo en jaulas, contaminando vastos ecosistemas”.


- ¿Qué le parece el plan financiero anunciado por el Gobierno para rescatar a la industria del salmón de la crisis que enfrenta, y que consiste en la obtención de recursos financieros para las compañías del sector por unos US$ 450 millones? Se trata de créditos bancarios que Corfo garantizará, hasta por el 60% de los montos que pidan los privados.

- Este plan se inserta dentro del conjunto de iniciativas del Gobierno para enfrentar de la mejor manera posible los efectos de la crisis económica mundial: La lógica de esto es que se trata de apoyar a un sector intensivo en la contratación de mano de obra y que genera importantes divisas; una crisis dentro de esta industria tendría por lo tanto efectos muy indeseados sobre la economía chilena y en un momento de crisis generalizada tiene sentido reducir posibles focos que intensifiquen un panorama de por sí complicado. Lo que no me parece razonable es que se entregue esta ayuda sin exigir a cambio medidas drásticas para reconvertir productivamente a la industria salmonera, de lejos una de las más contaminantes en el país. El Gobierno ha perdido una oportunidad importante para forzar la introducción de medidas que transformen una industria con un pésimo record de sustentabilidad en un modelo de compatibilización entre intereses empresariales e intereses medioambientales. Este no es un tema menor, considerando que Chile es el Nº 2 en producción de salmones después de Noruega y el Nº 1 en exportaciones mundiales. No abogo por eliminar una industria importante en el país, sino en modificar sustantivamente su esquema productivo, exigiéndole estándares mínimos de sustentabilidad ambiental y social. Este era el momento de hacerlo y en mi opinión, el Gobierno se ha farreado la oportunidad que le ha brindado la crisis al no exigir medidas adecuadas de protección ambiental y social a cambio de la ayuda financiera.

- ¿Por qué los contribuyentes chilenos son quienes debemos asumir los costos de uno de los negocios más rentables de nuestra economía en los últimos 15 años?

Contestando dentro de la lógica de la pregunta, porque el costo de no hacerlo, de no ayudar a esta industria sería mucho mayor, social y económicamente, que el de evitar su colapso. El Gobierno afortunadamente lo ha entendido así y está dispuesto a actuar para proteger las fuentes de trabajo de miles de compatriotas, así como de una importante fuente de divisas para el país. No veo problema en esta línea de acción, sino en lo ya mencionado: La ayuda, necesaria sin duda y en el mejor interés del país, debiera entregarse con exigencias a la industria, a fin de que transforme el monstruo ambiental que es hoy día con su sistema de cultivo en jaulas, contaminando vastos ecosistemas, en una industria amigable con el medio que le permite generar riqueza, protegiendo la biodiversidad que en definitiva hace posible el negocio mismo de la salmonicultura, junto con infinidad de otras actividades.

- ¿No le resulta paradojal que quienes han sido campeones en la eliminación del rol del Estado y la disminución del pago de impuestos, sean finalmente quienes más se beneficien al transferir sus costos al Estado y utilizar el dinero de los contribuyentes chilenos?

No me llama mayormente la atención la paradoja: Los campeones de las causas mencionadas son antes que eso, campeones en lo que los lolos hoy día llaman “winners”, es decir, ventajeros profesionales que no titubean en el momento de comprometer principios en aras de un bien mayor, i.e., proteger su capacidad de acumular riqueza, sus intereses y sus privilegios. No verlo me parece una ingenuidad peligrosa, porque expone a la sociedad a la acción depredatoria de estos adalides del interés individual, para quienes el interés de la sociedad y de los individuos que la conforman son meros pretextos y clichés útiles en el momento de negociar condiciones para ellos y de asegurar espacios de poder. Y ojo, estas sanguijuelas sociales no se encuentran solamente en el bando político con que simpatizamos menos: Se distribuyen democráticamente dentro del cuerpo social. Por ello es que la principal responsabilidad del Gobierno, independiente de su color o sensibilidad, es asegurar que en esta simbiosis inevitable (porque no es posible extirpar las partes que molestan de la sociedad) ninguno de los socios encuentre campo fértil para extremar las ventajas respecto de su contraparte.

Los bancos han pedido más garantías al Gobierno para evitar la insolvencia de las compañías salmoneras. Me gustaría saber su opinión al respecto y como - a su juicio- debería actuar el Gobierno frente a este nuevo escenario.

La esencia del negocio bancario es maximizar el "spread" (la diferencia entre las tasas de captaciones y las tasas de colocaciones) con mínimo riesgo. Si efectivamente los bancos están exigiendo un seguro estatal por el 100% de las operaciones de crédito para la industria salmonera (o para cualquier cliente) y pretenden a la vez ganar esta diferencia entre tasas de captaciones y colocaciones cometen una verdadera impudicia: Se trataría de una operación con cero riesgo para los bancos, con lo que no se justifica el cobro de intereses, máxime si se trata de dineros fiscales, salvo por gastos marginales de administración.

Dado que el fondo de garantías de US$ 450 millones se constituye sin propósitos de lucro, no tiene sentido encarecer la operación de rescate a los beneficiarios finales con el cobro que realizarán los bancos privados (que sí operan con afán de lucro independientemente de que haya crisis o no). Por lo tanto, el Gobierno tiene dos alternativas según mi parecer: Licitar las garantías ofrecidas en el sistema bancario para que sean administradas por la banca privada, adjudicando los derechos a aquellos bancos que cobren menos por administrar las operaciones, las que estarían garantizadas en un 100% por el Estado. El único costo asociado a los préstamos de auxilio serían los gastos administrativos. El retorno para el país de absorber el costo financiero es el obtener una industria limpia, con estándares ambientales y sociales adecuados, lo que implica alta rentabilidad social.

Personalmente, creo que esa sería la mejor alternativa, porque como digo, la esencia de su concepción es salvar una industria por interés social estratégico, de manera que no se justifica perder parte de esos recursos en transferencias hacia los bancos, quienes sólo están interesados en aumentar ganancias, sin consideraciones sociales.

Creo sin embargo que el Gobierno optará por la segunda opción: Garantizar sólo una fracción de las operaciones de crédito y negociar con la banca las condiciones en las que prestarán los dineros a la industria: Se ampliará la cobertura de los beneficiarios, pero con un costo financiero adicional, que es la utilidad que devengará la operación para los bancos.

- Para algunos economistas este plan del Gobierno representa un cambio más o menos profundo en las políticas económicas que ha desarrollado la Concertación durante los últimos 18 años. No sólo porque históricamente la coalición de gobierno ha rechazado otorgar subsidios a la empresa privada, sino porque además ha discriminado favorablemente a este sector de la economía respecto a otros. ¿Que le parece este análisis y cual es el suyo?

En condiciones normales, cualquier discriminación favorable que exista hacia la salmonicultura (o hacia cualquier otra industria) es resultado de la acción de grupos de poder dentro de la sociedad, cuyo efecto es distorsionar políticas de Estado en su favor. Esta discriminación no constituye por tanto parte de las políticas de Estado, sino excepciones a ésta. De allí la importancia de que el Gobierno (cualquier Gobierno) asegure a la ciudadanía que el marco regulatorio en que se desenvuelve la sociedad prevenga distorsiones y excesos a favor de cualquier grupo dentro de ella. El mero hecho de que existan discriminaciones favorables infundadas es evidencia de que el Gobierno no está velando adecuadamente por los intereses de la mayoría.

La situación actual empero, requiere de medidas de excepción para evitar que la crisis mundial se amplifique dentro del país. Ello implica que la política económica debe incorporar ajustes que den cuenta de tal situación de crisis y mi opinión es que el Gobierno ha obrado correctamente al incorporarlas.

Lo que molesta a la opinión pública es que estos ajustes de salvataje económico precisamente favorezcan a quienes han profitado excesivamente en el pasado y a quienes se las han amañado para posicionarse en condiciones de ventaja respecto del resto. Tal situación objetiva (de abuso histórico) no puede sin embargo servir de argumento para no concurrir con ayuda cuando ésta va en beneficio de toda la comunidad. Como dije antes, el costo social de no hacerlo es mayor que apoyar a la industria en este momento excepcional de crisis. Pero, insisto, este apoyo no debe entregarse sin condiciones: En análisis estratégico, esta es una ocasión clásica de poder transformar un problema (el abuso histórico de la salmonicultura) en una oportunidad para la sociedad. Si el Gobierno no lo hace, es por torpeza, ignorancia, o por la influencia de los mismos grupos de poder que obtuvieron ventajas indebidas en el pasado.

En una editorial del Mercurio aparecida hacia la mitad de noviembre se señaló que el apoyo financiero “es discutible, porque el Estado no debería utilizar sus recursos para apoyar discrecionalmente a una industria respecto de otras (…) Nadie discute que la industria salmonera es viable, pero en un momento de gran incertidumbre, como el actual, hay reticencia a prestarle recursos”.

Otros plantean que este anuncio es la extensión de una serie de subsidios que se han otorgado históricamente a la industria del salmón, pese a sus bajos estándares en materia laboral, ambiental y sanitaria. ¿Qué le parece que sea así?

- Discrepo de la editorial del Mercurio: El Estado DEBE apoyar discrecionalmente a industrias que por sus características tienen un valor estratégico para la sociedad; lo que NO DEBE hacer es entregar este apoyo de forma incondicional: Un principio elemental en materia de asignación de recursos públicos es que se maximice la rentabilidad social de su uso. Por ello, los recursos que se entreguen a la industria salmonera (y a cualquier otra, como la bancaria) DEBEN incorporar medidas que aseguren un retorno social máximo. Si no se estipulan condiciones para asegurar que los dineros entregados cumplan con esta norma elemental de rentabilidad social en el uso de recursos públicos, el Gobierno no está haciendo su trabajo adecuadamente, está transfiriendo indebidamente riqueza hacia los beneficiarios de su ayuda, sin exigir a cambio el retorno mínimo que debería recibir la sociedad y contribuye con ello a consolidar situaciones de inequidad social.

La ineptitud del sistema político (ejecutivo y legislativo) para poner coto a los apetitos de esta voraz industria y a sus claras falencias ambientales y sociales es un problema de distinto orden al de decidir apoyar su subsistencia en una situación de crisis, por motivos del mayor interés nacional. ¿Ayudar a la salmonicultura hoy día? Si, porque es beneficioso para el país hacerlo, pero en ningún caso ayudar sin condiciones que aseguren que sea el interés nacional el principal beneficiario y no la propia industria.


- Para las organizaciones de medioambiente, de consumidores y de la pesca artesanal, los empresarios del salmón están utilizando la “crisis del virus ISA” para continuar con su proceso de aumentar la transnacionalización, la concentración económica, la tecnologización y la disminución de su mano de obra. ¿Comparte este juicio?

Lo que están haciendo, siendo los “ventajeros profesionales” que son, es intentar aprovechar una situación de crisis generalizada para obtener aún mayores beneficios para ellos a costa de la sociedad. Está en la naturaleza del Homo economicus intentar maximizar sus ganancias, en algunos casos sin escrúpulo alguno por el bienestar social. La salmonicultura ha reconocido en la crisis económica mundial y en la preocupación del Gobierno por morigerar sus efectos en Chile, una oportunidad dorada para enriquecerse y ganar aún más…y lo están logrando, así como en medio de la crisis financiera en Estados Unidos hubo altos ejecutivos que, luego de quebrar sus firmas, se retiraron con millones de dólares en “compensaciones”.

Si la salmonicultura logra su propósito de obtener beneficios gratis del Gobierno es sólo culpable de ser coherente con sus intereses, por más inescrupulosa que consideremos su actitud. Pero el verdadero culpable de validar la dilapidación de los recursos de todos sería el Gobierno, de no imponer condiciones mínimas para entregar una ayuda que se hace hoy necesaria, condiciones que aseguren que lo que se cautela es el interés público y no el interés corporativo.