(El País).- En Muxía, corazón de la Costa da Morte, están las dos caras de la moneda de uno de los más controvertidos planes de la Xunta, el de acuicultura, que prevé, en su revisión de 2007, crear o ampliar 26 granjas marinas en el litoral gallego. Allí primero los vecinos se movilizaron contra el Gobierno bipartito (PSOE-BNG) y lograron abortar la implantación de una piscifactoría de rodaballo que la Xunta de Manuel Fraga había previsto autorizar en el emblemático y protegido cabo Touriñán.

Y ahora son los habitantes de la pequeña parroquia de Merexo, también en Muxía, a una decena de kilómetros de Touriñán, los que batallan desde hace dos años contra el proyecto de ampliación ante las ventanas de sus casas de la granja de Prodemar, de la multinacional Stolt Sea Farm. "No protestamos por protestar, no es plan de andar en contra de todos para quedarnos sin progreso y en taparrabos, pero hay lugares más adecuados para una piscifactoría que destrozar nuestro pueblo", dice, contundente, Antonio Devesa, portavoz de la activa plataforma vecinal de Merexo.

Son 180 vecinos unidos "como una piña" que están dispuestos a combatir hasta el final la ampliación de la granja marina que lleva 26 años en esta parroquia. El plan de la Xunta prevé autorizar a la multinacional a multiplicar por diez la superficie de su negocio. O es al menos lo que sospechan, porque el último episodio de esta guerra está en el recurso de nulidad presentado por los abogados de los vecinos de Merexo por negarle la Xunta acceso al expediente administrativo del proyecto. La Consellería de Pesca otorgó el 30 de diciembre de 2008 la concesión a la multinacional para la instalación de una granja y criadero en esta agrícola parroquia de Muxía, y sus residentes denunciaron que se les cercernó el derecho a presentar alegaciones.

Como en otros lugares costeros de A Coruña, como Ribeira, Carnota o Camariñas, los vecinos de Merexo, tras manifestaciones multitudinarias y acciones varias, centran ahora su batalla en el terreno judicial. Su recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ha sido admitido a trámite. Todos los puentes de diálogo con la Xunta o el Ayuntamiento, donde gobierna el PSOE, están rotos. "Y nosotros no vamos a vender ni por todo el oro del mundo nuestras tierras, de las que vivimos", asegura Devesa.

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