Carballo (La Voz de Galicia). Las asociaciones ecologistas gallegas están pendientes de cómo quedará finalmente el plan de acuicultura que la Xunta de Galicia presentará dentro de unos meses y que ha impedido que Pescanova se establezca en Touriñán. Sin embargo, dos de los emplazamientos elegidos en Bergantiños y Soneira incumplen la directiva comunitaria que dio lugar a la creación de la red Natura 2000 y que se centra en la necesidad de cuidar la naturaleza.

 

A pesar de las declaraciones del presidente de la Xunta al respecto, las futuras piscifactorías de Sabadelle y Seiruga afectan a áreas de especial protección y los de Camelle y Merexo se encuentra en zonas consideradas de hábitat prioritario. Sólo el cabo Cee no tiene ningún tipo de calificación medioambiental.

En la directiva comunitaria, traspuesta por el real decreto 1997/1992, queda claro que la Xunta debe adoptar «las medidas apropiadas para evitar en las zonas especiales de conservación el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las alteraciones que repercuten en las especies que hayan motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos del presente Real Decreto».

Asimismo dice que cualquier plan o proyecto que, «sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares», se debe someter a una adecuada evaluación de las repercusiones en el lugar y «las comunidades autónomas sólo manifestarán su conformidad con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del lugar en cuestión».

Elección

Los emplazamientos de Sabadelle, entre Vimianzo y Camariñas, y Seiruga, en Malpica, ya incumplen la normativa europea por el hecho de haber sido elegidos, pero también en Camariñas existe el precedente de la granja de Stolt Sea Farm, que se encuentra en Red Natura y que también incumple con la directiva de la Unión Europea.

Con el precedente de la destrucción de cabo Vilán, las asociaciones ecologistas han mostrado su preocupación por el hecho de que áreas protegidas vuelvan a ser emplazamientos para piscifactorías, sobre todo porque al margen del real decreto de protección de la naturaleza que afecta a toda Europa hay que garantizar el cumplimiento de la Ley de Costas.

Denuncia

Además, Adega denunció recientemente que muchas piscifactorías no habían solicitado los preceptivos permisos de vertido de aguas residuales industriales y fecales. De hecho Stolt Sea Farm realizó la petición a finales de diciembre del pasado año, después de que la entidad ecologista denunciara la situación a mediados de noviembre. La empresa noruega pidió permiso para devolver al mar un caudal máximo de 128.540.736 metros cúbicos anuales de aguas residuales industriales y 1.807 metros cúbicos al año de residuos fecales que se depuran previamente en una fosa séptica.

Precisamente para la ley de Costas es una infracción grave «las acciones u omisiones que impliquen un riesgo para la salud o seguridad de vidas humanas, siempre que no constituyan delito, y, en todo caso, el vertido no autorizado de aguas residuales».

Además, la aplicación de la ley de Costas y las posibilidades de la tecnología actual permiten apartar las piscifactorías de la zona de servidumbre de protección, que es de cien metros. Según la normativa, «con carácter ordinario sólo se permitirán en esta zona las obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza no puedan tener otra ubicación o presten servicios necesarios o convenientes para el uso del dominio público marítimo terrestre». Las limitaciones son aún mayores en esta área y queda más claro que los parques acuícolas han de realizarse respetando este espacio, lo que tampoco ha ocurrido en Vilán, a pesar de que existían posibilidades para hacerlo.

Además, las plantas que se instalen deben respetar el derecho de tránsito, que es de seis metros y el de acceso al mar. Por ello, debe haber espacio suficiente entre la línea de costa y las instalaciones de la piscifactoría.

Asimismo, algunas cofradías mostraron su preocupación por la forma en que las granjas afectarán a los caladeros, que son especialmente importantes en el caso del cabo Cee y de Seiruga. El secretario de la cofradía Malpica considera que el plan acuícola puede afectar a los marineros, por lo que reclama que las plantas estén obligadas a repoblar el mar con un porcentaje de alevines que puedan ser viables.

Fuente: http://www.lavozdegalicia.es /