QUITO (El Telégrafo).- El veto del Ejecutivo a la Ley de Soberanía Alimentaria da la oportunidad a las camaroneras, que usaron territorios de manglar, de que se regularicen hasta el 31 de marzo de 2010, de lo contrario esas tierras serán definitivamente revertidas al Estado.

 

El Ejecutivo reconoce que existen 44.464 hectáreas de manglar que fueron ilegalmente ocupadas por las camaroneras, pero con la observación de que “los empresarios conceden trabajo a un sinnúmero de ciudadanos”, ratifica el plazo y las condiciones de regularización vigentes en los decretos ejecutivos 1391 y 1442, hasta el 31 de marzo de 2010.

El artículo 16 del proyecto de Ley, al que se opone el Ejecutivo, señala que “El Estado fomentará y regulará la producción pesquera y acuícola sustentables, y establecerá las normas de protección de los ecosistemas. Serán revertidas al Estado las tierras ilegalmente ocupadas y explotadas por las empresas camaroneras y acuícolas para garantizar procesos de recuperación y repoblamiento del manglar”.

El presidente de la Coordinadora Nacional del Manglar, Líder Góngora, indicó que pidió una reunión con la Subcomisión de Salud y Ambiente, para requerirle que insista en el artículo, aunque eso supone conseguir 51 votos a favor, mientras el allanamiento al veto implica 39 votos.

Góngora comentó que para presionar a la Asamblea están sumando los apoyos de  organizaciones y movimientos sociales que respaldan la conservación del manglar. Agregó que una hectárea de manglar permite a una familia vivir bien a través de la pesca, recolección de concha, cangrejo y molusco.

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura, César Monge, se mostró a favor del veto del Jefe de Estado e indicó que el sector camaronero da 101 mil plazas de trabajo en el país.

Según cifras del Banco Central del Ecuador, el sector camaronero ocupa el tercer lugar entre los productos primarios de exportación, luego del petróleo y el banano, y que en  2008 representó un ingreso para el Estado de 667 millones de dólares.

El empresario camaronero David Masache ratificó que ha habido tala del manglar por las camaroneras ilegales y que hace diez años ese territorio sobrepasaba las 60 mil hectáreas, pero ahora hay alrededor de 18 mil. Además, resaltó que las ilegales no cumplen con los cuidados medioambientales, como el cuidado del agua.

La opinión entre los asambleístas también está dividida entre los que respaldan a los comuneros del manglar y aquellos que creen que no está mal dar el plazo de un año para que se regularicen las camaroneras.

El legislador Abel Ávila (MPD) comparó la decisión del Gobierno con lo que se sugería en siglos pasados para ocultar una violación: “que la niña se case con el violador y se tapa todo, pero el problema es que continúa el delito y las camaroneras sabían que cometían un acto ilegal, del que ahora se les pretende salvar”.

En tanto el presidente de la subcomisión de Salud y Ambiente, Jaime Abril (PAIS), indicó que todavía no están elaboradas las recomendaciones para el plenario, pero consideró que se puede encontrar un consenso entre el respeto al manglar y la actividad de las empresas camaroneras.

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