Santiago (Ecoceanos News). Luego que diversas denuncias de comunidades costeras, pescadores y organizaciones de medio ambiente, evidenciaran públicamente que varias empresas salmoneras mantienen centros de cultivo totalmente o con algún grado de ilegalidad, el diputado socialistas Fidel Espinoza presentó un proyecto para establecer una nueva causal de terminación del régimen de concesiones marítimas y de acuicultura.

 

Esta iniciativa contempla terminar la concesión cuando el beneficiario exceda los límites que le ha otorgado la autoridad respectiva, es decir, que el concesionario no respete por ejemplo las porciones de agua y fondo que se le han fijado. "La referida causal, atendida su gravedad, operará de pleno derecho, sin necesidad de resolución", solicita el legislador.
 
Por otro lado, una disposición similar se propone incorporar en la Ley de Pesca sancionando además la ocupación ilegal de bienes sobre los cuales recaen las concesiones y autorizaciones.
 
La iniciativa del Parlamentario es impulsada luego de advertir diversas denuncias sobre instalaciones de centros de crianza industrial de salmón sin los permisos correspondientes, en flagrante infracción de la Ley de Pesca y Acuicultura.
 
En diversos fallos, los tribunales han acreditado que se han realizado labores de acuicultura en lugares donde ni siquiera es factible obtener una concesión que la habilite para llevar a cabo tales actividades.
 
Un caso emblemático de esta situación de ilegalidad ocurrió en la comuna de Chaitén, donde por años la compañía Pacific Star mantuvo centros de cultivo de salmones sin poseer permiso de ninguna de las oficinas estatales que intervienen en el otorgamiento de permisos de diverso tipo para que se realicen actividades acuícolas. Así, Pacific Star no tenía la concesión marítima, no contaba con permisos del Servición Nacional de Pesca, ni de la Armada, pero de igual forma estuvo varios años operando.
 
Solo la denuncia pública y acciones legales, obligaron a que el Gobernador de la Provincia de Palena ordenara el retiro de estas ilícitas instalaciones.
 
Un caso similar ocurre en la zona de Punta Serapio, en el estuario de Reloncaví, donde la empresa Aguas Claras, a pesar que solo tenía autorización para ocupar 4 hectáreas marinas ha llegado a ocupar hasta 26 hectáreas, por varios años.
 
LEY ACTUAL ES INDULGENTE
Según el diputado Espinoza, en la “normativa actual no se establece una causal de terminación o sanción para quienes desarrollen tales prácticas de ahí que surge la necesidad de una regulación en la materia a fin de evitar estos hechos antijurídicos”.
 
El legislador plantea que se apliquen sanciones cuando se exceda “en un diez por ciento la concesión o permiso originalmente otorgado. Tratándose de esta causal (la sanción) operará de pleno derecho sin necesidad de decreto supremo de la autoridad respectiva”.
 
“Los titulares de la concesión o autorización, que excedieren en un diez por ciento la concesión o autorización originalmente otorgada, o que desarrollen actividades análogas sin la respectiva concesión o autorización de conformidad con la Ley, será sancionada con la caducidad de pleno derecho de las concesiones y autorizaciones que estuvieren vigentes, sin necesidad de declaración”, agrega el documento presentado en la Cámara de Diputados.
 
El proyecto también persigue que los que cometieran estos ilícitos también indemnicen por el daño causado. “En el caso de la ocupación ilegal de alguno de los bienes sobre lo que recae la concesión o autorización ya sea por carecer de título del ocupante por estar caducada la concesión o por cualquiera otra causa, la autoridad marítima requerirá del respectivo Intendente o Gobernador el auxilio de la fuerza pública, a fin de que procesa sin mas trámite, a desalojar los bienes ocupados indebidamente, sin perjuicio de que se persiga judicialmente el pago de las indemnizaciones que correspondan, por todo el tiempo de esa ocupación ilegal”.

Fuente: http://www.ecoceanos.cl