SANTIAGO (Ecoceanos).- Sindicatos de la industria del salmón y el Centro Ecoceanos exigieron al gobierno un programa especial de fiscalización de la Ley del Trabajo en la industria salmonera, especialmente en casos de intento de despido de trabajadoras embarazadas y respecto al aumento de labores en los centros de cultivo producto de la gran cantidad de mortandad de peces generados por el virus ISA.

La solicitud se realizó en una reunión sostenida el viernes 3 de abril, entre la Directora Nacional de la Inspección del Trabajo, Patricia Silva, dirigentes de los sindicatos de las dos multinacionales noruegas que operan en Chile -Mainstream/Cermaq y Marine Harvest-, y representantes del Centro Ecoceanos

En la cita se denunció la situación que afecta a 14 mujeres embarazadas que la multinacional noruega Mainstream intenta desaforar a través de una demanda judicial. Y la preocupación de los trabajadores acerca del desconocimiento que tienen respecto a químicos que se usan sin mayores restricciones en los centros de cultivo.

Patricia Silva, además de registrar las demandas y comprometerse a analizarlas, anuncio que próximamente la Dirección regional del Trabajo de Puerto Montt contará con una embarcación para fiscalizar los centros de cultivos.

En la reunión, los sindicalistas denunciaron también una serie de incumplimientos por parte de las compañías salmoneras bajo la justificación de la crisis sanitaria, como sueldos impagos y la no cancelación de las cotizaciones.  

Participaron en el encuentro los dirigentes de la empresa Mainstream, Luís Paillacar, Rudy Vera, William Rebolledo, y el Presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Pesquera de la Décima Región, Ricardo Casas, quién representa también a uno de los sindicatos de Marine Harvest.

PREOCUPACIÓN POR DESAFUERO MATERNAL

La Directora Nacional del Trabajo, Patricia Silva, manifestó su preocupación por la demanda de desafuero interpuesta por la empresa Mainstream en contra de 14 mujeres embarazadas que trabajan en la planta de Calbuco. “Aquí se da el caso donde una cantidad importante de mujeres embarazadas, algunas con contrato indefinido y otras con contrato a plazo fijo, donde la empresa está utilizando los medios legales para su desafuero”, dijo la autoridad.

Agregó que “es preocupante sin duda por la situación de desprotección en que quedan estas mujeres embarazadas. Nos preocupa sin duda, no es un tema que puede mantenerte al margen en términos de sensibilidad. Estamos hablando de mujeres trabajadoras con un promedio de remuneración no muy alto y están en una situación hoy día de mayor vulnerabilidad”.

Silva señaló que “vamos a esperar a ver que dicen los tribunales, los jueces no están obligados a dar los desafueros, ellos analizan caso a caso la situación”.

Respecto a los dobles estándares de la multinacional noruega, Patricia Silva dijo que “yo como Directora Nacional del Trabajo me encuentro con una legislación nacional chilena que permite la solicitud de desafuero vía un juez y una de las causales es el termino del plazo del contrato. No puedo pronunciarme si puedo exigir esto o no a una empresa de un país desarrollado, tiene que ver sin duda con la aplicación de la normativa chilena”.

Silva afirmó que “la Dirección del Trabajo no puede intervenir porque incluso hasta ahora las trabajadoras no han sido separadas de sus funciones. Aquí hay una resolución judicial que hay que esperar, y una instancia que se puso en movimiento y hay que esperar el resultado de esta”.

Fuente: http://www.ecoceanos.cl