VALPARAÍSO (Ecoceanos News).- Luego de una intensa presión de pescadores artesanales, trabajadores, ONGs, y algunos parlamentarios oficialistas, el gobierno retiró este miércoles de la discusión parlamentaria el proyecto que modificaba la Ley de Pesca y Acuicultura (LGPA), y que buscaba entregar amplios sectores marinos en el sur de Chile para ser administrados por compañías nacionales y multinacionales que cultivan salmón. Esta iniciativa, apoyada por la derecha, la presidencia y los empresarios, es la antesala para que  las compañías y los bancos tomen en propiedad las zonas marinas y costeras del país.

Las modificaciones a la Ley de Pesca son parte de una estrategia más amplia de los salmoneros y del Ministerio de Economía para responder a la crisis financiera y sanitaria que ha generado la propia industria del salmón.

El proyecto que se iba a votar este miércoles fue retirado luego de intensas conversaciones, las que por el lado empresarial y de gobierno eran lideradas por Felipe Sandoval, ex Subsecretario de Pesca sancionado por la Contraloría de la República por infringir la propiedad administrativa; y por los pescadores, ONGs y trabajadores, aliados a algunos diputados socialistas y democristianos.

Sandoval fue sancionado por la Contraloría en una investigación por la turbia entrega de dineros a cesantes de la región del BioBio, pero aún su jefe directo, el Ministro de Economía, no ejecuta la sanción y mantiene a este funcionario como coordinador de buscar soluciones a la crisis del salmón.

SOCIALISTAS PRIVATIZANDO

El principal cambio a la Ley de Pesca y Acuicultura que impulsan las grandes compañías y bancos acreedores de una deuda de más de 2 mil millones de dólares de las salmoneras, es crear los denominados barrios salmoneros. Así, una empresa será la que tenga tuición exclusiva y excluyente, sobre toda una zona del mar para realizar su producción de salmón.

Para los pescadores, este proyecto ingresado el 8 de Enero al parlamento, viola el artículo 47 de la LGPA, donde se deja constancia que la franja de mar territorial de 5 millas y las aguas interiores de nuestro país se reservan para las actividades de la  pesca artesanal.

Este tipo de nueva vecindad o “área de manejo sanitario”, implica el uso exclusivo y excluyente por parte de cada una de las  grandes compañías salmoneras de amplias zonas de aguas interiores hasta ahora propiedad de la Nación y que legalmente se encuentran reservadas a las actividades de los pescadores artesanales.

Para Cosme Caracciolo, secretario general de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales, Conapach, “es lamentable que en el sector de la pesca y la acuicultura el gobierno socialista siempre se ponga de acuerdo con la derecha para hacer aprobar sus proyectos. En tiempos de dictadura, Pinochet entrego a las empresas las aguas interiores que hoy son propiedad de las multinacionales españolas. Luego, el gobierno de Lagos privatizó los recursos pesqueros; y ahora Bachelet abre las puertas para que los empresarios sean dueños exclusivos de las zonas costeras y marinas”.

En tanto el director del Centro Ecoceanos, Juan Carlos Cárdenas afirmó que “la iniciativa privatizadora y expropiatoria de los derechos de los ciudadanos chilenos, comunidades costeras, operadores de turismo y pescadores artesanales, busca cambiar el estatuto jurídico de las concesiones de salmonicultura para que sean propiedad de sus tenedores”.

“Para ello han implementado diversos procesos de privatización, explícitos o encubiertos, sin y con parlamento, en directo beneficio de los grupos empresariales vinculados política y familiarmente, el sistema financiero y  los grandes intereses pesqueros y acuícolas industriales”, agregó el director de Ecocéanos.