VIGO (El País).- Pescanova no tiene entre sus planes desarrollar la planta acuícola que proyectaba en cabo Touriñán. Aunque la sensibilidad del nuevo gobierno dirigido por Alberto Núñez Feijóo podría ser más favorable al proyecto, el presidente de la multinacional gallega, Manuel Fernández de Sousa-Faro, considera que "se ha perdido una oportunidad". Sin descartar por completo la iniciativa, porque "nadie tiene una bola de cristal para saber si las circunstancias van a cambiar dentro de tres o cuatro años", el presidente del grupo de alimentación lamenta que "en los últimos tres años no se haya generado ni empleo ni riqueza en aquella zona". Insiste en que su proyecto "contaba con todos los permisos medioambientales de la UE, España y la Conselleria de Medio Ambiente".

Ahora Pescanova centra sus esfuerzos en consolidar las fuertes inversiones que ha realizado, en especial la de la planta de rodaballo en Mira (Portugal) y las granjas de cultivo de langostino en Centroamérica. Su lamento coincide con el del propio Núñez Feijóo, quien poco después de la ceremonia de investidura como presidente de la Xunta se preguntaba "qué empresa podría invertir 50 millones en Galicia en estos momentos", en referencia a la "pérdida" de la granja de rodaballo. Feijóo nunca ocultó lo que él llamaba "sana envidia", del gobierno de Nicaragua, donde Pescanova inauguró recientemente una gran planta de procesado de langostinos. Incluso se comprometió, antes de ser elegido presidente, a "sentarse a hablar", con sus responsables para evitar en la medida de lo posible que realice inversiones fuera de Galicia. ''Siempre hablé con la empresa en la oposición y lo seguiré haciendo cuando tenga las responsabilidades que los gallegos decidan en las urnas", aseguraba en el mes de octubre.

Pero al margen de voluntades políticas, las circunstancias ya no son las mismas. El Fondo Europeo de la Pesca (FEP) para el periodo 2007-2013, que sustituye a los antiguos IFOP, ya no financia proyectos de grandes empresas. De hecho, destina prioritariamente las ayudas a las pymes "con menos de 250 trabajadores" que reduzcan el impacto ambiental de las producciones acuícolas y mejoren las condiciones higiénicas de las granjas y la salud de los animales. Sin estos fondos y con una coyuntura financiera como la actual se reducen al mínimo las posibilidades de más granjas en Galicia.

Sin embargo, Pescanova sí quiere ampliar la instalación de su filial Insuiña en el municipio de Oia. "De ahí tendrían que estar saliendo seis millones de alevines al año", señala Fernández de Sousa. La instalación fue adquirida por Pescanova para poner en marcha su proyecto de cultivo de rodaballo. "Tenía licencia municipal y todos los permisos de la Consellería de Pesca y de Costas. Incluso recibimos fondos comunitarios para acondicionar las instalaciones por tener todos lo permisos en regla".

Según la empresa, años después varió la interpretación de la normativa, que tenía que haber obligado al Ayuntamiento a tramitar ante la Consellería de Política Territorial los permisos que amparaban la licencia municipal. Pero fue aprobado el nuevo plan de urbanismo del municipio, y la consellería consideró que la licencia no debía haberse concedido, por lo que obligó a Oia a anularla y a demoler las instalaciones. Una situación que por la que Pescanova ha recibido varias órdenes de derribo y ha tenido que hacer frente a multas por infracción urbanística. El asunto, que pasó por los tribunales, no frenó la actividad de Insuíña. La planta sigue en funcionamiento a la espera de que el Plan Acuícola que elaboró el bipartito legalice la situación, algo que podría ocurrir, según Pescanova, "en los próximos meses".

Paralelamente, en Política Territorial también están activos varios expedientes contra la granja piscícola, algunos abiertos cuando el actual presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dirigía ese departamento.

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