Por Greg Hitt y James Hookway

Tarpon Springs, Florida (The Wall Street Journal). Durante los últimos 30 años, John Williams se ganó bien la vida pescando camarones en el Golfo de México. Pero ahora está en una pesca diferente: la de pagos en efectivo de sus rivales extranjeros.

 

Williams, director ejecutivo de la Alianza del Camarón del Sur, cofundó el grupo en 2002 para ayudar a los camaroneros de Estados Unidos a luchar contra la competencia de los camarones baratos de cultivo provenientes de países como Brasil, Ecuador, China y Vietnam.

 

La alianza solicitó al gobierno de EE.UU. que impusiera aranceles sobre las importaciones de camarones de seis países a finales de 2003, bajo el argumento que estaban inundando el mercado del país con crustáceos a precios injustamente bajos.
in embargo, pese a ganar el caso —victoria que se tradujo en aranceles más altos y una compensación de US$100 millones para los camaroneros estadounidenses— Williams y su agrupación no estaban satisfechos. Con la ayuda de un bufete de abogados de Nueva York, los camaroneros presentaron una apelación especial ante el gobierno estadounidense que amenazaba a los productores extranjeros de camarones con aranceles aún más altos.

Este ultimátum llevó a que más de 100 proveedores extranjeros de camarones le pagaran millones de dólares a la Alianza estadounidense a cambio de su promesa de desistir de la demanda.

La asociación dice que está usando el dinero para ayudar a la industria de EE.UU. a recuperarse de la ola de camarones baratos. Parte de los fondos se han destinado a pagar a abogados que dirigen las demandas comerciales y a firmas de lobby que promueven el apoyo de la industria en el gobierno. "Ahora tenemos una voz con la que antes no contábamos", dice Williams.
Una reñida pelea

La práctica no sólo ha desatado una lucha por las ganancias obtenidas por la alianza camaronera. También ha despertado la preocupación de que los camaroneros estadounidenses aprovecharon indebidamente leyes diseñadas para proteger a empresas locales de prácticas comerciales injustas.

"Sabemos que es injusto pero tenemos que seguirles el juego", lamenta Vuong Quang Khanh, director de ventas internacionales de Can Tho Import Export Seafood Joint Stock Co., un exportador de camarones vietnamita que dice haberle pagado ya US$68.000 a la alianza.

Según Dan Ikenson, del Cato Institute, un centro de estudios que promueve el libre mercado, "hay algo indecoroso en que la industria local extorsione grandes cantidades de dinero de los productores de camarón foráneos".

Durante casi un siglo, la ley de EE.UU. ha protegido a las empresas locales de las importaciones baratas. Las leyes vigentes permiten que las empresas estadounidenses soliciten aranceles para compensar los precios más baratos de rivales extranjeros, cuando sus exportaciones a EE.UU. están por debajo de los costos de producción, con el propósito de ganar participación de mercado.

Aún más controvertida es la llamada enmienda Byrd, que desde el año 2000 ha permitido que el gobierno canalice los fondos recaudados por el alza de aranceles antidumping a las empresas estadounidenses presuntamente perjudicadas. Se supone que esa ley será abolida en octubre, porque la Organización Mundial del Comercio dice que penaliza dos veces a los exportadores. Una vez mediante los aranceles y otra al darles el dinero a sus rivales.

Los críticos temen que las tácticas de la alianza camaronera allanarán el camino para que otras industrias estadounidenses obtengan pagos de competidores extranjeros, incluso después de que expire la enmienda Byrd.

El volumen de camarones importados en EE.UU. se disparó entre 2000 y 2004, y los precios cayeron 39%, según datos del gobierno de EE.UU. y la Comisión de Comercio Internacional. Actualmente, los productores extranjeros proveen el 90% de los camarones que se consumen en el país cada año.