(El Ciudadano).- Luego que este martes la Comisión de Pesca aprobara el proyecto que en su parte medular entrega las concesiones salmoneras en propiedad a los productores de salmón para que estos las puedan hipotecar a los bancos acreedores, la discusión ahora se traslado al pleno del Senado. En tanto la campaña de recolección de firmas contra la privatización continúa durante todo el mes de julio.

El Senado aprobó este miércoles la idea de legislar sobre el proyecto que modificará la Ley de Pesca y Acuicultura y que en su parte fundamental privatiza las áreas costeras al permitir que las compañías salmoneras hipotequen en los bancos las concesiones acuícolas para pagar sus millonarias deudas y obtener nuevos créditos con el aval del Estado. La discusión sobre la privatización de estos bienes nacionales de uso público continuará en el ampliado de la Cámara Alta y los legisladores podrán realizar indicaciones hasta el lunes 27 de julio.

La decisión fue adoptada por 28 votos a favor, 3 en contra (senadores Guido Girardi, Alejandro Navarro y Carlos Ominami), y 5 abstenciones (Nelson Ávila, Carlos Kuschel, Juan Pablo Letelier, Roberto Muñoz Barra y Jaime Naranjo).

Luego de duras críticas a la industria salmonera por generar la mayor crisis sanitaria, ambiental y social en la historia de las regiones de Los Lagos y Aysén, que ya ha dejado 17.000 cesantes, la discusión se centró en la duración que tendrá la entrega de las nuevas concesiones de acuicultura, las cuales se pretenden repartir de manera gratuita y a perpetuidad.

El senador Antonio Horvath, presidente de la Comisión de Pesca, indicó que se otorga “el aval del Estado para aquellas garantías de las concesiones que estén en lugares preferentes, de acuerdo a la zonificación del borde costero, sin que esto signifique entregar los bienes nacionales de uso público”.

En tanto, los senadores Camilo Escalona y Jaime Gazmuri, hicieron notar que si bien el texto aclara que las nuevas concesiones de acuicultura tendrán un plazo definido “no se dice nada respecto a las concesiones ya existentes, que fueron precisamente las que llevaron a este colapso de la industria”. A juicio de ambos legisladores “no pueden existir concesiones indefinidas, ni menos que no se asuman las responsabilidades por el daño social, económico y medioambiental”.

Por su parte el ex almirante y ahora senador Jorge Arancibia indicó que “las concesiones no pueden ser eternas”. El ministro de Economía, Hugo Lavados, también intervino y debió admitir que en el proyecto de ley se establece un plazo de 30 años en la entrega de las nuevas concesiones acuícolas. Sin embargo, respecto a las concesiones ya otorgadas, señaló que “existe un problema constitucional, porque hay un problema de derecho de propiedad previo y por eso queremos analizar la situación de las antiguas”.

PROYECTO INCONSTITUCIONAL

Los senadores que votaron en contra, Ominami, Girardi y Navarro fundamentaron su rechazo ya que existe “una abierta privatización del mar”, y se opusieron a la posibilidad de constituir hipotecas sobre las concesiones de acuicultura, las cuales son bienes nacionales de uso público. Estos legisladores alertaron que esta crisis “era previsible” y no se adoptaron las medidas a tiempo, ya que las empresas “solo promovieron un crecimiento inorgánico del sector”. Agregaron que el proyecto privatizador del mar no garantiza empleo alguno.

Por su parte, los senadores Juan Pablo Letelier y Nelson Ávila fundaron sus abstenciones exigiendo que debe dejarse establecida las graves responsabilidades de la industria salmonera en esta crisis. En ese sentido reclamaron “la devolución de las concesiones de carácter indefinido y que fueron mal aprovechadas por la industria salmonera”.

En tanto el senador Hernán Larraín propuso resolver jurídicamente el debate surgido a raíz de la privatización del mar. A su juicio se estaría utilizando erróneamente el término hipoteca. “Los bienes nacionales de uso público no se pueden privatizar y lo que se busca es dar seguridad para un crédito. Sin embargo, cuando se usa la palabra hipoteca se comete un error técnico porque se establece sobre un bien inmueble y las concesiones no lo son. Es más bien un derecho prendario”.

A su vez, el senador Jaime Orpis resaltó que “lo importante es que mediante este proyecto se establece una certeza jurídica en la industria acuícola y recordó que esta misma figura en las concesiones en la industria minera permitió incrementar de forma importante la inversión privada”. Pero como contrapartida, recordó que “en el sector de los hidrocarburos resultó al contrario porque no existe certeza jurídica”.

Fuente: http://www.elciudadano.cl