Diario Financiero, Chile.

En las últimas semanas la evidencia apunta en una sola dirección: los estragos causados por la crisis del virus ISA sobre la otrora boyante industria del salmón están teniendo alcances con contornos nacionales e internacionales y sus secuelas prometen profundizarse.

A los consabidos miles de despidos producidos en el sector, y que este año se espera aumenten, se han añadido antecedentes que confirman que la merma de los envíos chilenos de salmón del Atlántico no han dejado de brazos cruzados a los competidores, los cuales han salido a capturar esa demanda insatisfecha y a precios más altos.

El Financial Times, en un artículo que reprodujo este medio, cuantificó en más de 20% el aumento de precios registrado en 2009 y otros reportes sectoriales han estimado en cerca de 60% la tasa de sustitución que han logrado los productores noruegos sobre los menores envíos de productos chilenos.

Para las próximas semanas se espera en el sector unos 5.000 despidos que, si bien están asociados al ciclo estacional de producción, caen como un balde de agua fría sobre una actividad y una región fuertemente golpeadas y cuyos indicadores dan señales de elocuente depresión. Hace unos días el INE dio a conocer su reporte anual de actividad económica regional, el cual elocuentemente mostraba a una X Región con una caída de más de 15% en su producto.

Es cierto que nada de esto estaba fuera de los escenarios probables, pero los órdenes de magnitud parecen llegando a bordes que muy pocos sospecharon.

Pese a ello, y desde hace ya más de nueve meses, hoy el sector sigue a la espera de un dato clave para comenzar a dar vuelta la hoja. Se trata de la reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura, la cual, con urgencias y todo, ha seguido una accidentada tramitación legislativa. El último capítulo de esta compleja trama se tejió en enero, cuando el acuerdo alcanzado en el Senado se vino abajo en la Cámara, donde un grupo de parlamentarios de la Concertación estimó debilitada su pretensión de generar un draconiano sistema de sanciones a las empresas salmoneras, entre otras cosas, por prácticas antisindicales.

Más allá de lo extemporánea y discriminatoria que pueda resultar la idea de estos parlamentarios, es público y notorio que mientras no se despeje esta interrogante resulta difícil para las empresas conseguir financiamiento para volver a invertir. Es de esperar que la voluntad tanto del ministro Hugo Lavados como de exponentes de la Alianza, en cuanto a dar un tratamiento de fast track a esta ley, tome forma y esta crisis pueda definitivamente comenzar a quedar atrás.