La carencia de una normatividad clara o en su defecto la inacción de los funcionarios públicos muchas veces genera problemas, que obligan a los mismos a actuar como “bomberos”, en vez de prevenir el surgimiento de conflictos y de garantizar la viabilidad de los emprendimientos de los productores acuícolas legalmente establecidos.

Hace poco se anunció el desalojo de los cultivadores de concha de abanico (ostión) en la bahía de Samanco (Chimbote – Perú) quienes vienen ocupando áreas marinas de forma ilegal; un caso similar se registró en Vietnam, en donde se han implementado granjas para la producción de catfish en lugares que no han sido considerados dentro de los planes de desarrollo de la acuicultura, ahora se viene promoviendo la erradicación de estas granjas ilegales.

Estos dos hechos, aunque ubicados en países diferentes, tienen un problema en común, la inacción de los funcionarios públicos quienes debieron evitar y prevenir la instalación de granjas acuícolas de forma ilegal. El surgimiento de granjas acuícolas “ilegales” crea una competencia desleal para las empresas adecuadamente constituidas y que cumplen con la normatividad vigente. Asimismo, dadas las características de estos emprendimientos ilegales, no cuentan con estándares ni controles de calidad mínimos, con respecto a sus productos; además de no cumplir con la reglamentación tributaria vigente en cada país.

El estado se debe convertir en promotor del desarrollo de la acuicultura, en este sentido debe establecer programas y planes claros para impulsar la actividad, pero teniendo en consideración la capacidad de carga del ecosistema para los diferentes tipos de cultivo acuícolas y velando el cumplimiento de la normatividad vigente.