España.- La acuicultura marina de peces es una actividad económica relevante en la mayor parte de las costas españolas, en particular en la Comunidad Valenciana, y en la actualidad, sumado a las producciones acuícolas de terceros países, suministra una parte relevante del consumo de productos acuáticos en España. En 2012, la acuicultura marina española produjo 48.000 toneladas de pescado (dorada, lubina, corvina y rodaballo, principalmente) con un valor en primera venta total de 240 millones de euros. Este sector lo forman empresas competitivas e innovadoras que están en la vanguardia de la acuicultura en Europa, que ofrecen empleo de calidad y que comercializan sus productos tanto en España como en mercados exteriores. Sin embargo, en los últimos años su desarrollo se ha visto comprometido con motivo de la inadecuación del marco administro en el que deben desenvolverse.

Esta actividad económica está sometida a una dura competencia desde otros países del entorno mediterráneo en la producción y comercialización de las mismas especies. En este mercado globalizado los costes de producción vienen marcando la diferencia en cuanto a rentabilidades empresariales. Las empresas son responsables de reducir sus costes propios, pero en este mismo sentido es esencial para su competitividad el desenvolverse en un marco administrativo-fiscal ajustado y adaptado a sus características particulares que no le incremente innecesariamente las cargas administrativas.

El 80% de la producción española de peces de acuicultura marina se desarrolla en viveros flotantes en el mar. Estas granjas son servidas en barco desde puertos base próximos. Estos puertos permiten abastecer con juveniles de peces y pienso a las granjas, trasladar diariamente al personal y, en sentido inverso, en ellos se descarga el pescado cosechado camino de los mercados.

Los puertos son infraestructuras esenciales para el desarrollo de la acuicultura. En España la acuicultura se sirve de puertos que dependen de muy diversas administraciones públicas: del Estado, de Comunidades Autónomas e incluso de autoridades locales como municipios o diputaciones/cabildos. Esta variedad de autoridades portuarias está en el origen de la enorme variabilidad de costes que supone operar desde un puerto u otro, sin que ello mantenga relación con los servicios recibidos en cada caso.

Esta situación conlleva graves disfunciones en la unidad de mercado que merma la competitividad de unas empresas respecto de otras, así como frente a los pescados de acuicultura importados.

En general, no existen normas específicas para el establecimiento de tasas portuarias a la acuicultura. Hasta muy recientemente le eran aplicadas en todos los puertos las fórmulas habituales de tasas mercancías diversas (T1, T2 y T3), considerándose de forma agregada estas tasas por los servicios recibidos (superficie, atraque, etc.). Pero desde 2004 se viene aplicando en los puertos dependientes de la Comunidad Valenciana la tasa G4 (T4) a la acuicultura, por una inapropiada asimilación con la pesca. Desde entonces, alguna otra Comunidad Autónoma más ha incorporado la acuicultura a la G4, como Cataluña.

Las tasas T1, T2 y T3 suponían entre el 0,01% y 0,5% del valor del pescado desembarcado y cubrían todos los servicios portuarios recibidos. Actualmente, una empresa de acuicultura marina, dependiendo del puerto que utilice como base, puede tener que pagar hasta el 2% de su facturación en concepto de esta tasa de puertos. Esta exacción no guarda proporción alguna con los servicios recibidos y supone un muy elevado coste, inasumible para las empresas, que está comprometiendo el desarrollo de la acuicultura en algunas zonas.

En el día de ayer APROMAR llevó a cabo una visita a una granja de acuicultura marina localizada en el mar frente a la localidad alicantina de Altea, propiedad de la empresa Basademar, del grupo Culmarex, con el objetivo de dar a conocer de primera mano la operativa de una granja de acuicultura en mar abierto, así como exponer sobre el terreno la situación de las empresas de este sector ante la tasa de uso de los puertos que les está siendo aplicada.

En el evento participaron el senador del grupo Popular, D. Enrique López Veiga, la directora general de Empresas Agroalimentarias y Pesca de la Generalitat Valenciana, Dña. Marta Valsangiacomo Gil, representantes de los ayuntamientos de Altea y Mutxamiel, y de otros departamentos de la Generalitat Valenciana, así como empresarios del sector de la acuicultura valenciana y murciana, encabezados por el presidente de APROMAR, D. Rodolfo Barrera Orozco.

La comitiva visitó la granja en el mar, frente al puerto de Altea, en la que se mostró la operativa de despesque, así como las instalaciones portuarias con las zonas de trabajo dedicadas a las labores auxiliares de acuicultura. Posteriormente se mantuvo una sesión de trabajo en el Club Náutico del puerto de Altea.

Los representantes del sector, en sus ponencias, recalcaron que propugnan un marco administrativo-fiscal ajustado y adaptado a las características particulares de la actividad de la acuicultura, en el que tasas y cánones se ajusten a los principios de uniformidad, previsibilidad y proporcionalidad.